Diputada propone derogar delitos de la Ley Serrano y corregir reforma antes de que resuelva la SCJN

Fernanda Durán

La diputada local de Morena, Gabriela López Torres, presentó una iniciativa para modificar y derogar parte de la reforma al Código Penal del Estado sobre el uso indebido de inteligencia artificial, conocida públicamente como Ley Serrano, con el argumento de que el Congreso del Estado tiene la obligación de corregir normas que puedan vulnerar derechos humanos sin esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante la presentación en tribuna, la legisladora sostuvo que modificar una legislación cuestionada no representa un retroceso, sino un ejercicio de responsabilidad constitucional.

Explicó que la iniciativa también busca actuar de manera preventiva mientras la SCJN resuelve la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH contra diversos artículos de la reforma.

López Torres añadió que el Congreso no debe permanecer pasivo cuando existen preocupaciones fundadas sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.

“Como órgano legislativo, se tiene la capacidad de corregir, enmendar y proteger en cualquier momento los derechos humanos… al ser omisivos ante una preocupación claramente justificada para la comunidad periodística y ciudadanos en general, se revela la desbordación de otros poderes”.

Asimismo, llamó a abrir una discusión más amplia sobre la regulación de la inteligencia artificial y la protección de niñas, niños y adolescentes, pero rechazó que la respuesta deba centrarse en la creación de nuevos delitos.

“Hay que abrir el debate, hay que hablar en serio de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de lo que el día de hoy nos rebasa, pero no volviéndonos punitivos”.

La iniciativa propone reformar los artículos 187 y 187 Bis del Código Penal para eliminar las referencias al uso de inteligencia artificial que actualmente amplían los delitos de difusión ilícita de imágenes íntimas y suplantación de identidad, además de derogar por completo los artículos 187 Ter, 272 Ter y 272 Bis, que tipifican el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, la manipulación institucional mediante IA y la difusión dolosa de desinformación generada con esa tecnología.

En la exposición de motivos, la diputada sostiene que dichas disposiciones contienen conceptos ambiguos e imprecisos que podrían propiciar interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades y afectar la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

El documento también señala que la reforma ha sido cuestionada por medios de comunicación nacionales, organizaciones de defensa de periodistas y derechos humanos, así como por la propia CNDH, que promovió la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 al considerar que varios de esos tipos penales vulneran la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de taxatividad.

La propuesta retoma la postura que López Torres ha sostenido desde la aprobación de la reforma en noviembre de 2025. En días previos, la legisladora calificó como excesivamente punitivo el rumbo que ha tomado el Congreso en materia penal y que la regulación sobre inteligencia artificial fue aprobada de manera precipitada.

La iniciativa de Morena se suma a otras dos propuestas ciudadanas promovidas tras la controversia generada por la Ley Serrano, las cuales también buscan modificar el marco legal sobre inteligencia artificial.

Aunque ambas fueron recibidas por el Congreso como correspondencia, la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez Hernández, afirmó que recibirán el mismo tratamiento legislativo.

“Todas las iniciativas que recibimos, a todas se les da el mismo cauce, la misma atención que a cualquiera que se presente”, sostuvo. Asimismo, al ser cuestionada sobre si serán dictaminadas, respondió: “Las que me llegan a mi comisión como iniciativa, se dicta”.

La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.