Fernanda Durán
El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó la iniciativa de Ley de Justicia Cívica para el Estado, con el objetivo de crear un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permita atender problemas cotidianos sin que escalen a procesos penales largos y costosos, y que “evita que problemas pequeños se conviertan en conflictos grandes y, sobre todo, en problemas que sean interminables”.
Durante una rueda de prensa, el legislador explicó que esta propuesta busca cambiar la lógica punitiva por una basada en el diálogo, la conciliación y la reparación del daño.
“Muchas veces un conflicto vecinal o familiar termina en un juicio que dura años y puede romper relaciones. Con esta ley lo que queremos es cambiar eso, apostando por resolver los problemas hablando, acordando y reparando, no castigando”.
Guajardo afirmó que la justicia cívica permite fortalecer la convivencia social y disminuir la reincidencia en faltas administrativas.
“La justicia cívica fortalece la convivencia, reduce la incidencia y construye comunidades más pacíficas desde lo cotidiano”, señaló, al destacar que existen otros estados del país donde ya se cuenta con una ley estatal en esta materia para su aplicación en los municipios.
Para ilustrar el alcance del modelo, el diputado expuso el caso de un accidente vial menor.
“Un choque. Lo primero que se busca cuando hay algún choque es, si alguien no se hace responsable, es presentar la denuncia ante la instancia el día de hoy que es la Fiscalía General del Estado. Y bueno, algo que podría llevarse primero por una conciliación y con un juez cívico (…) la Fiscalía tiene que iniciar una investigación y al final llevar a cabo el procedimiento e inclusive terminar en un juicio penal”.
En contraste, la iniciativa propone que estos casos se resuelvan por la vía administrativa mediante un juez cívico.
“Lo que estamos buscando es que estos conflictos puedan resolverse de otra forma con un juez cívico y que muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad se puedan resolver mediante un juez cívico”.
Guajardo precisó que el proyecto contempla una ley de carácter estatal que aplique tanto al Gobierno del Estado como a los ayuntamientos, aunque implicará un impacto presupuestal para los municipios, aunque espera que la iniciativa pueda ser aprobada durante el actual periodo ordinario.
Sostuvo que la Ley de Justicia Cívica representa una herramienta relevante para atender de manera más eficaz los conflictos cotidianos, no sólo en la capital potosina, sino en los distintos ayuntamientos del estado.
Al ser cuestionado sobre la infraestructura necesaria, aclaró que actualmente no existen jueces cívicos en la entidad y que no dependerán del Poder Judicial, “debe haber una capacitación y una formación y los jueces cívicos dependerán directamente del ayuntamiento”.
El diputado explicó que el modelo de justicia cívica permitirá a los municipios aplicar sanciones administrativas y, de manera prioritaria, promover la conciliación entre las partes, de modo que los conflictos puedan resolverse de forma más ágil y sin escalar a instancias penales, bajo la conducción directa de los ayuntamientos.
En cuanto a la posibilidad de someter la iniciativa a una consulta ciudadana, el legislador señaló que este aspecto será revisado a fondo durante el trabajo en comisiones, considerando como antecedente otras leyes recientemente aprobadas, como la de juntas de participación ciudadana, por lo que se hará un análisis detallado antes de definir si este mecanismo es necesario.
Finalmente, explicó que la entrada en vigor de la Ley de Justicia Cívica podría darse hasta 2027, ya que los ayuntamientos deberán valorar previamente su impacto presupuestal y su capacidad operativa.
