Por Victoriano Martínez
Por mucho que se proclamen transparentes, con sus actitudes y el incompleto cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, los diputados de la LXIV Legislatura acreditan con creces que no sólo violan la Ley de Transparencia, sino también la Constitución al dar continuidad a retrocesos en derechos adquiridos en esa materia… ¡y anuncian más!
No sólo violan los principios de progresividad y de máxima publicidad de la Constitución federal, sino las propias determinaciones que ellos mismos incorporaron a la Constitución estatal con el Decreto 0506 que, para colmo, exhiben que desconocen su contenido, o al menos así lo dejan ver en sus declaraciones, en particular, las del diputado Luis Felipe Castro Barrón, quien presentó la iniciativa para la nueva Ley.
Castro Barrón aseguró que el Congreso local no tendrá libertad absoluta para modificar el nuevo modelo de transparencia porque deberá sujetarse al mandato constitucional federal y a la Ley General.
“Hay cosas donde no nos podemos hacer así a un lado, porque a fin de cuentas es una ley general que ya viene de un mandato constitucional”, expresó como si ese “mandato” lo autorizara a violar los principios de progresividad del artículo 1º y de máxima publicidad del artículo 6º de la Constitución Federal.
Existe el antecedente de la reforma federal en transparencia de 2015, cuando en los artículos transitorios de la Ley General decretada entonces se estableció una previsión para que no hubiera retrocesos en derechos adquiridos por los solicitantes de información en los estados.
Pero aun sin ese antecedente, el principio de progresividad establecido en el artículo 1º constitucional prohíbe la regresividad sobre derechos adquiridos y en eso el Congreso del Estado se ha especializado en violar ese precepto como, por ejemplo, con la omisión en la transmisión en vivo de las sesiones de las comisiones que se dio en al menos tres Legislaturas anteriores, hasta el 22 de enero de 2022 cuando lo hicieron por última vez.
Incluso al considerar que deberán poner límites a la conservación de avances en el derecho de acceso a la información pública incumplen con el principio de máxima publicidad al interpretar la armonización como vía para retroceder en derechos adquiridos en perjuicio de la población, cuando ese principio ordena todo lo contrario, es decir, a favor de una mayor apertura.
Tan descarada es la intención de limitar el derecho de acceso a la información pública que en la iniciativa de Castro Barrón se elimina la publicación de los egresos, que es una de las obligaciones de transparencia que distinguen a la ley potosina porque no aparece en otras entidades del país y que, además, es un buen ejemplo para exhibir la ignorancia –real o fingida– del diputado.
“La Plataforma Nacional es a tres meses, y si nosotros lo hacemos cada mes, lo que no queremos es tener discordancia con la subida de la información y con la adquisición de la información por parte de los ciudadanos en la Plataforma”, dijo como si desde 2015 discordancia temporal en la subida de la información no hubieran convivido sin ningún problema.
Y es que desde entonces la actualización mensual se da en la Plataforma Estatal de Transparencia en tanto que la trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Ignora o se hace que ignora la existencia de esas dos plataformas?
Peor aún. El artículo séptimo transitorio del Decreto 0506, que él aprobó, dice que “los recursos materiales, los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, pasarán a formar parte del Órgano Desconcentrado del Poder Ejecutivo del Estado como autoridad garante local”. Es decir, prevé que se mantenga la publicación por ambas plataformas.
Todavía más. En la iniciativa que presentó le dedica un título a la Plataforma Estatal de Transparencia, la define como mecanismo complementario de la nacional y propone someterla a los lineamientos, criterios y estándares emitidos por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Sólo le faltó decir que se debe aprovechar la armonización para retroceder en derechos adquiridos.
Todavía hoy, con Transparencia para el Pueblo en operación en el gobierno federal, los plazos de actualización –cada mes en el Estado y cada tres meses en la Federación– conviven sin ningún problema y es posible consultar la relación de egresos (cheques) de los sujetos obligados potosinos en ambas plataformas. Ver problemas donde no los hay no es más que imponer sus intenciones de opacidad.
Por cierto, el Poder Legislativo no ha publicado sus egresos (cheques) de julio y agosto y ya se acerca la fecha para que publique los de septiembre, a pesar de que presume que los potosinos pueden consultar en qué gasta el Congreso, cuando ni siquiera es capaz de publicar su presupuesto de egresos desglosado.
Desde la LX Legislatura se dejaron de publicar diariamente las listas de cheques y todavía en la LXI Legislatura el presupuesto de egresos se publicaba con el desglose completo de cada uno de los capítulos de gasto (Servicios Generales 2017 como ejemplo).
La actual Legislatura, por mucho que se presuma muy transparente, ha mantenido y ampliado los retrocesos en transparencia, violatorios de la progresividad que ordena la Constitución y, al anunciar límites a avances locales, abiertamente los diputados se exhiben como el mayor peligro para la transparencia en tanto que ninguno se ha pronunciado y/o ha hecho algo para recuperar los derechos que han eliminado y no afectarlos más con la “armonización” en curso.
