Fernanda Durán
A 50 días de que venció el plazo de 120 días naturales que el propio Congreso del Estado se había fijado para aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales, la Comisión de Transparencia continúa sin una fecha para concluir los dictámenes.
Aunque el diputado del Partido Verde, Luis Felipe Castro Barrón, aseguró que buscarán preservar los derechos y avances que San Luis Potosí ya había alcanzado, reconoció que algunas disposiciones locales estarán condicionadas por la armonización con la legislación y los sistemas nacionales.
El legislador, integrante de la Comisión de Transparencia y autor de las iniciativas que servirán como base para sustituir el modelo de la CEGAIP, confirmó que los proyectos siguen en revisión y que ya se han recibido observaciones tanto de otros diputados como de organizaciones civiles y el propio órgano garante.
Añadió que también han llegado documentos de organizaciones sociales con propuestas y correcciones, además de las observaciones planteadas por integrantes de la propia CEGAIP. Sin embargo, advirtió que el Congreso no tendrá libertad absoluta para modificar el modelo, pues una parte deberá sujetarse al mandato constitucional federal y a la Ley General.
“Hay cosas donde no nos podemos hacer así a un lado, porque a fin de cuentas es una ley general que ya viene de un mandato constitucional”.
Castro Barrón señaló que una de las prioridades será resolver primero los aspectos técnicos, particularmente la forma en que la información que generen las instituciones locales pueda integrarse y coincidir con la Plataforma Nacional de Transparencia. Sólo después, dijo, comenzarán a determinar qué disposiciones locales pueden conservarse o modificarse, esto debido a que sostiene que siguen las modificaciones de la legislación a nivel federal.
Después de la reforma constitucional de diciembre de 2024 y de las nuevas leyes generales publicadas en marzo de 2025, el Gobierno federal volvió a modificar su política de transparencia en agosto de 2026, con disposiciones para acotar la discrecionalidad en la reserva de información, establecer la publicación mensual de contratos y ampliar las obligaciones de transparencia de empresas públicas y en materia de fiscalización.
Cuestionado sobre los derechos y reglas que San Luis Potosí había incorporado antes de la reforma federal, Castro Barrón sostuvo:
“Los derechos adquiridos en San Luis Potosí en esa lucha por la transparencia, lo que estamos buscando es que no se muevan, tratar de hacerlo lo más acorde a lo que ya se tenía y seguir haciendo modificaciones para garantizar el derecho a la información”.
La afirmación, sin embargo, quedó condicionada por los propios límites que describió el legislador. Explicó que municipios y nuevas autoridades garantes tendrán que reorganizarse para asumir funciones que antes se concentraban en otros organismos, por lo que pidió “cierta tolerancia” durante la transición.
Uno de los puntos en los que todavía no existe definición es la actualización mensual de la información pública, una de las condiciones locales que actualmente permite consultar con mayor frecuencia el gasto y otras obligaciones de transparencia.
La iniciativa presentada por el propio Castro Barrón propone que, como regla general, la actualización sea trimestral. Al preguntarle directamente si el Congreso conservará la publicación mensual que actualmente existe en San Luis Potosí, evitó garantizar que así será.
“Es uno de los temas más complejos, porque la Plataforma Nacional es a tres meses, y si nosotros lo hacemos cada mes, lo que no queremos es tener discordancia con la subida de la información y con la adquisición de la información por parte de los ciudadanos en la Plataforma”.
Señaló que el Congreso se encuentra en comunicación y trabajando con autoridades nacionales y estatales para analizar si es posible hacer compatibles ambos modelos.
El Decreto 0506 había dado al Congreso 120 días naturales para expedir las leyes secundarias que permitirían concretar la desaparición de la CEGAIP y distribuir sus atribuciones entre las nuevas autoridades garantes. Ese plazo concluyó el 31 de julio sin que la legislación estuviera aprobada.
Este 19 de septiembre han transcurrido 50 días desde el vencimiento, equivalentes a poco más de siete semanas, y todavía no existe una fecha estimada para que el proceso legislativo concluya. Al preguntarle directamente cuándo podrían estar listas las leyes, Castro Barrón reconoció que no cuentan con un calendario.
“Ahora es que regresamos del periodo ordinario a las sesiones. A partir de ahí vamos a sentarnos una vez más y lo que nosotros nos urge es tenerlo ya todas las leyes secundarias en la mesa”.
