Fernanda Durán
En 30 minutos de debate entre la oposición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y Morena, los partidos opositores reprocharon la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, calificándolo como un ataque que pone en riesgo la democracia, la autonomía y los derechos de 150 mil trabajadores de este poder.
El debate lo abrió el diputado de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien luego de elogiar la decisión aprobada por la Cámara de Diputados y hacer un recuento los posibles beneficios que se obtendrán de los 15 mil millones de pesos que contenían estos fideicomisos, señaló que eran instrumentos para beneficio de unos cuantos y que carecían de transparencia.
El primero en responder fue el coordinador parlamentario del PRI, Edmundo Torrescano Medina, quien consideró que la justicia en México es cara, pero es más cara la injusticia.
Asimismo, criticó que con la afectación laboral, Morena y sus aliados traicionan los principios básicos de sus partidos como el PT, además de que “la división de poderes ha sido el equilibrio y la balanza para quienes han querido imponer la voluntad caprichosa y el autoritarismo”.
La diputada panista Aranzazu Puente Bustindui advirtió que la independencia judicial está bajo ataque por parte del Ejecutivo federal disfrazado de austeridad, y que la reducción afectaría la capacidad del Poder Judicial para impartir justicia de manera eficaz y oportuna.
Su compañera de partido, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán complementó el posicionamiento al señalar que las medidas de austeridad no implican la desaparición de recursos, sino una administración eficiente y responsable.
“No debemos permitir que la austeridad se convierta en un pretexto para debilitar las bases de un sistema de justicia sólido y confiable”.
Sin intervención del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo, el debate concluyó con la intervención del diputado Mauricio Ramírez Konishi, afiliado a Movimiento Ciudadano, quien sostuvo que el traslado de los recursos de los fideicomisos judiciales al Ejecutivo federal es un acto de nacionalización.
Con ello afirmó que las siguientes serán las cuotas obrero-patronales o los recursos del Infonavit, además de que la reforma “afecta a 150 mil trabajadores y ponen en riesgo el sustento a sus familias”.
Las y los legisladores coincidieron en la idea de que la eliminación de los fideicomisos son una venganza política contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser independiente y autónoma en sus decisiones para proteger el Estado de Derecho, pues de acuerdo con las intervenciones de los legisladores, esta medida atenta contra la justicia y el equilibrio de poderes.
