El caso de Alejandro Fernández Montiel exhibe omisiones en refugios: diputada

Emma Idalia Saldaña Guerrero señaló que el caso de Alejandro Fernández Montiel exhibe que no hay una atención psicológica hacia los menores que se resguardan.

Angélica Campillo

La diputada vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Emma Idalia Saldaña Guerrero, señaló que los albergues a cargo del DIF estatal que atienden a niñas, niños y adolescentes deben ser supervisados periódicamente, mientras que su personal debe recibir capacitación para evitar casos de violencia en contra de los menores.

Lo anterior debido a lo ocurrido con la víctima del exfuncionario Alejandro Fernández Montiel, quien aprovechó su posición para cometer abuso sexual, y quien fue condenado a 12 años de prisión.

Saldaña Guerrero manifestó que este caso hace que se voltee a ver qué personal hay en estas instituciones, y tiene que haber una supervisión y evaluaciones periódicas de los funcionarios y las personas que atienden a los niños, niñas y adolescentes.

“Exhortar a que se atienda con personal capacitado, que se visiten y supervisen con frecuencia estos lugares y se garantice que los niños están bien atendidos, porque quienes están en los albergues vienen de una violencia familiar, en estado de vulnerabilidad y se están dejando expuestos”, sostuvo la diputada.

De acuerdo con la legisladora, debe ser el propio DIF estatal el encargado de realizar estas supervisiones y evaluaciones al personal.

“Tiene que haber una parte que esté atenta a este seguimiento, y que realmente vea cómo están funcionando”.

Apuntó que el caso de la víctima de Fernández Montiel da la pauta para entender que en estos albergues no existe una atención psicológica hacia los menores, porque de haber sido así, se habría detectado que durante su estancia en el albergue el menor presentaba signos de violencia sexual, como refirieron los estudios médicos expuestos en el juicio oral.

Por último, Saldaña Guerrero comentó que este caso es una oportunidad para que las y los legisladores revisen qué hace falta reformar en la Ley de Asistencia Social y en la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que los menores bajo el resguardo del DIF estatal estén siempre protegidos y no se vulneren sus derechos.

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