Fernanda Durán
Parece que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se perdió algo más que la mesura. Durante los últimos meses, y particularmente en esta última semana, la LXIV Legislatura ha convertido sus canales institucionales de comunicación en una extensión de las disputas políticas de sus integrantes, principalmente de quienes representan al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
No es que los diputados no puedan confrontar, cuestionar o incluso señalar públicamente a sus adversarios. La crítica forma parte de la actividad política y del ejercicio de la libertad de expresión. Lo preocupante es que ahora esas confrontaciones ya no se limitan a las entrevistas, ruedas de prensa o posicionamientos personales: se trasladaron a los comunicados oficiales del Poder Legislativo.
La diferencia no es menor. Una cosa es que un diputado salga a defenderse de las acusaciones de un alcalde y otra que la estructura de comunicación de uno de los tres poderes del Estado termine convertida en el vehículo de esa disputa.
El caso de Luis Fernando Gámez Macías y Enrique Galindo Ceballos es quizá el ejemplo más evidente de una confrontación que parece no encontrar límites. Lo que comenzó con diferencias sobre el funcionamiento del Interapas, la salida de Soledad del organismo operador y el llamado Radar del Agua terminó convirtiéndose en un intercambio constante de señalamientos políticos y personales.
Ahora hasta las circunstancias en las que Gámez dejó su cargo como procurador urbano en 2024 merecieron un boletín con el membrete del Congreso, en el que el diputado acusa a Galindo de actuar con dolo y mala fe.
¿En qué momento una disputa personal entre un legislador y un alcalde se convirtió en información institucional del Congreso del Estado?
Pero el problema va más allá de Gámez. Este miércoles 14 de octubre, los grupos parlamentarios del PVEM, PT y Nueva Alianza difundieron otro comunicado, también con la imagen institucional del Congreso, para descalificar un foro convocado por un colectivo de periodistas en instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Sin esperar siquiera a que se realizara el encuentro, los legisladores aseguraron que sería conducido por personas al servicio de Enrique Galindo, a quien identificaron como “antigallardista”. Además, anticiparon que en el foro abundarían las descalificaciones contra sus adversarios políticos.
No conformes con ello, calificaron la actividad como un “grotesco evento dirigido a promover la confrontación política”. Es decir, desde un comunicado con la imagen del Poder Legislativo se recurrió a una etiqueta de confrontación partidista para desacreditar anticipadamente un espacio de discusión organizado por periodistas.
La ironía es que terminaron su comunicado refrendando su compromiso con la libertad de expresión, en el mismo documento, se presume la defensa de un derecho que debería garantizarse incluso a quienes no comparten las opiniones de la mayoría parlamentaria.
Y tampoco se trata de un hecho aislado. En septiembre, el Congreso emitió otro comunicado en el que acusó directamente a la abogada Natalia Castillo Vera y a sus acompañantes de protagonizar actos violentos dentro del recinto legislativo, además de vincular parte de los incidentes con expresiones de apoyo a Gerardo Sánchez Zumaya.
El pronunciamiento anunció incluso posibles acciones legales que hasta ahora “se siguen analizando”.
Por supuesto que ninguna persona tiene derecho a agredir a un legislador y que el Congreso debe garantizar la seguridad de quienes trabajan y acuden a sus instalaciones. Pero una cosa es proteger el recinto y otra utilizar la voz institucional de todo un poder para formular acusaciones públicas cuya responsabilidad corresponde determinar a las autoridades competentes.
Más aún cuando se pretende presentar como posicionamiento de toda la Legislatura lo que no necesariamente representa el criterio de cada una de sus integrantes.
A este escenario se suma el diputado Héctor Serrano Cortés, cuya confrontación con el rector Alejandro Zermeño Guerra, iniciada por los cuestionamientos sobre las pensiones de exrectores, terminó involucrando a otra institución: la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El legislador presentó una queja por las expresiones del rector sobre su origen y formación académica y, poco más de seis meses después, el organismo emitió una recomendación en la que acreditó violaciones a sus derechos a la igualdad, no discriminación y trato digno, además de solicitar medidas de reparación y su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
Serrano estaba en su derecho de presentar la queja y las declaraciones de Zermeño fueron desafortunadas. Lo que llama la atención es cómo una discusión sobre la transparencia de las pensiones universitarias terminó convertida en un procedimiento de derechos humanos, con una recomendación que llegó en poco más de medio año.
Una diligencia institucional que sería deseable observar con la misma frecuencia en los expedientes de cualquier ciudadano que acude a la CEDH, especialmente de quienes esperan durante largos periodos una respuesta a sus denuncias. Porque el verdadero cuestionamiento no es que el organismo haya resuelto la queja del diputado, sino si todas las personas tienen las mismas posibilidades de obtener una respuesta en tiempos semejantes.
Así, una controversia que comenzó con exigencias de rendición de cuentas terminó desplazando el debate hacia los agravios personales y sumando a otra institución pública a una confrontación política que parece extenderse mucho más allá del Congreso.
Otro punto preocupante es que estas conductas parecen haberse normalizado dentro del Congreso, al grado de que los límites entre la representación popular, la militancia partidista y las disputas personales son cada vez menos visibles.
Y aquí hay un detalle que los propios legisladores deberían conocer: la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí establece, en su artículo 5, principios de institucionalidad, objetividad, imparcialidad y veracidad para la comunicación social.
Incluso contempla la preservación de la lealtad entre instituciones del Estado, con el propósito de evitar que se denigren u obstaculicen las funciones de otros entes públicos.
Si bien habría que determinar jurídicamente si los boletines difundidos por el Congreso se encuentran sujetos a todas las restricciones previstas para las campañas de comunicación social, resulta difícil encontrar congruencia entre esos principios y el uso de canales institucionales para sostener pleitos políticos.
Porque una cosa es informar sobre el trabajo legislativo y otra muy distinta convertir los boletines oficiales en instrumentos para golpear adversarios, descalificar periodistas o responder agravios personales.
El Congreso no pertenece al Partido Verde, aunque este tenga la mayoría, es uno de los tres poderes del Estado y su representación institucional debe estar por encima de las disputas partidistas.
La pregunta es bajo qué criterios se determina su contenido y por qué la estructura pública de comunicación parece estar al servicio de confrontaciones que bien podrían resolverse desde las oficinas de prensa de los partidos políticos.
A este ritmo, los boletines del Congreso parecen cada vez menos documentos institucionales y cada vez más comunicados de campaña adelantada. Y todavía falta que comience formalmente el proceso electoral de 2027.
Si desde ahora la confrontación política ha desplazado la mesura y la institucionalidad, habría que preguntarse qué nos espera cuando las aspiraciones electorales terminen de imponerse sobre el trabajo legislativo.
Porque el problema no es que los diputados tengan partido, adversarios o ambiciones políticas. El problema es que parezcan haber olvidado que, antes de representar a sus partidos, representan a la ciudadanía.
Y ya estando…
¿AHORA SÍ LAS CONSULTAS?: El Congreso del Estado proyecta cerrar 2026 con 338 millones 719 mil 245 pesos de egresos, es decir, 12 millones de pesos más que los 326 millones 719 mil 245 pesos que originalmente le fueron aprobados para este año. Aun con ese incremento en su proyección de gasto, las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguen pendientes y apenas ahora aparecen incorporadas expresamente en la planeación presupuestal del próximo ejercicio. Para 2027, el Poder Legislativo solicita 349 millones 863 mil pesos, de los cuales contempla 10.5 millones para consultas: 9 millones para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y 1.5 millones para personas con discapacidad.
Ahora la reserva presupuestal ya está puesta sobre el papel y no es menor el contexto: la SCJN volvió a requerir al Congreso para que aclare qué avances existen, cómo financiará ambas consultas y si podrá concluirlas antes del proceso electoral de 2027. Es decir, para el próximo año ya no sólo existe una previsión económica, sino también una exigencia judicial pendiente de cumplimiento.
