Fernanda Durán
A dos meses de que concluya 2026, el Congreso de San Luis Potosí acumula al menos 14 acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que ha aprobado durante los últimos años. La cifra se suma a un historial de deficiencias en la práctica legislativa que lejos de provocar una revisión de los procedimientos internos, parece haberse normalizado entre quienes conducen el Poder Legislativo.
Esa despreocupación la dejó clara el secretario de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, tras el reciente fallo favorable de la SCJN sobre los controles de confianza para candidatos: “Poco nos debe de preocupar las impugnaciones o los actos inconstitucionales que se promuevan ante la Corte”. Incluso descartó celebrar que les hubieran dado nuevamente la razón.
El problema de esta postura no es reconocer las facultades de revisión de la Suprema Corte, sino asumir con semejante tranquilidad que las reformas deban llegar hasta esa instancia para corregir posibles deficiencias constitucionales. Ni siquiera las sentencias adversas parecen haber modificado esta práctica legislativa, que podría enfrentar un nuevo revés cuando el proceso electoral de 2027 ya esté en marcha.
El próximo martes 17 de noviembre, apenas dos días después del inicio formal del proceso electoral local, está prevista la discusión de un proyecto que propone invalidar otra reforma aprobada por el Congreso: la reducción de los tiempos de precampaña y de los plazos para que las candidaturas independientes consigan respaldo ciudadano.
Se trata de la acción de inconstitucionalidad 113/2026, promovida por Morena contra el Decreto 0586, publicado el 12 de agosto. Aunque también se acumuló la acción 114/2026, presentada por Somos México, esta última fue desechada por falta de legitimación de quien la promovió.
La ministra ponente, María Estela Ríos González, propone invalidar dos modificaciones a la Ley Electoral del Estado.
La primera redujo de 40 a 20 días las precampañas para la gubernatura y de 25 a 20 días las correspondientes a diputaciones y ayuntamientos. El proyecto cuestiona que se haya establecido el mismo plazo para elecciones con características territoriales y organizativas distintas, sin una justificación suficiente.
La segunda afecta a las candidaturas independientes, pues el Congreso redujo los periodos para reunir firmas sin modificar los porcentajes de apoyo ciudadano exigidos. Para la gubernatura, el plazo pasó de 40 a 20 días, mientras que para diputaciones y ayuntamientos disminuyó de 25 a 20, lo que, según el proyecto, dificulta injustificadamente el ejercicio del derecho a ser votado.
Por estas razones, Ríos González propone invalidar el primer párrafo del artículo 209, las fracciones I y II del artículo 319 y el segundo transitorio del Decreto 0586, además de recuperar los plazos anteriores para evitar un vacío normativo.
La relevancia de esta discusión radica en que la Corte analizará la posible invalidez cuando el proceso electoral local ya haya comenzado. De aprobarse el proyecto, el Ceepac tendría que ajustar las etapas afectadas a los plazos anteriores, apenas unos meses antes de su desarrollo.
Por ahora se trata de una propuesta y no de una sentencia definitiva. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también consideró inconstitucionales las disposiciones impugnadas, según consta en el proyecto.
Así, las consecuencias de las decisiones legislativas continúan trasladándose a otras instituciones: a la Suprema Corte, que debe revisar su constitucionalidad; a las autoridades electorales, que podrían verse obligadas a modificar las reglas de un proceso iniciado; y a quienes aspiran a competir por un cargo público, sujetos a disposiciones cuya validez permanece en discusión.
El Congreso tiene la obligación de legislar conforme a la Constitución desde que analiza y aprueba sus reformas, no esperar a que el máximo tribunal determine cuáles pueden mantenerse vigentes.
De acuerdo con el seguimiento que hemos realizado, entre 2024 y 2026 se han promovido al menos 14 acciones de inconstitucionalidad contra reformas del Congreso potosino. Las impugnaciones abarcan temas como la despenalización del aborto, las terapias de conversión, la regulación de contenidos generados con inteligencia artificial, disposiciones penales, requisitos para ocupar la Fiscalía General del Estado y diversas modificaciones electorales, de estos expedientes, algunos han derivado en la invalidación de normas, otros han sido resueltos a favor del Legislativo y varios continúan pendientes.
El recuento, que hasta octubre sumaba 13 acciones contra ocho reformas, aumentó con la reciente incorporación del expediente 147/2026-CA promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y registrada por la Suprema Corte el 10 de noviembre y podría ser la primera acción de inconstitucionalidad promovida en un año y medio por este organismo.
Aunque todavía se desconoce oficialmente qué reforma impugna, activistas consideran que podría tratarse del Decreto 0607, que incorporó medidas de educación inclusiva, como materiales en Braille, Lengua de Señas Mexicana, tecnologías de apoyo y accesibilidad en contenidos educativos digitales. Su cuestionamiento no es contra estas medidas, sino contra su aprobación sin consultar previamente a las personas con discapacidad. La demanda ya fue turnada a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, pero aún falta determinar si será admitida y si se presentó dentro del plazo legal.
De confirmarse su relación con esta reforma, el Congreso enfrentaría nuevamente cuestionamientos por una omisión que ya ha provocado sentencias de invalidez en materia de derechos de las personas con discapacidad.
Y ya estando…
PARIDAD PENDIENTE: A unos días del arranque del proceso electoral de 2027, San Luis Potosí llega con reglas más precisas para enfrentar algunas de las deficiencias que dejaron elecciones anteriores en materia de paridad. Los dos acuerdos aprobados por el Ceepac buscan atender un problema que va más allá de registrar candidatas: que los espacios reservados para mujeres no sean utilizados para cumplir cuotas de manera simulada y que la paridad se refleje en la integración efectiva del Congreso y los ayuntamientos.
El primer acuerdo parece responder directamente a antecedentes como el de Venado, donde José Reyes Martínez Rojas, “Reyitos”, ganó la alcaldía en 2024 tras registrarse como mujer. Ahora, una simple carta de autoadscripción femenina no bastará para que una candidatura sea contabilizada dentro de los espacios destinados a mujeres, pues se establecieron criterios de verificación documental.
El segundo modifica una regla que podría tener consecuencias políticas para los partidos: cuando sea necesario ajustar las listas plurinominales para alcanzar la paridad, ya no se comenzará por el partido menos votado, sino por aquel que tenga mayor subrepresentación femenina. No se alterarán los triunfos obtenidos directamente en las urnas ni el número de espacios de cada fuerza política, pero sí podría cambiar quién termina ocupando una diputación o regiduría.
Ahí surgió la inconformidad de Morena, que advirtió una posible afectación a la autonomía partidista y a la certeza electoral. El Ceepac defendió que no se trata de castigar los resultados de un partido, sino de garantizar que las mujeres accedan efectivamente a los cargos. La discusión deja ver que, aunque existe consenso sobre la paridad como principio, no necesariamente lo hay sobre sus consecuencias en el reparto del poder.
Por ahora, el terreno electoral está más definido, pero no libre de controversias. Las reservas expresadas durante la sesión y las solicitudes de copias certificadas del acuerdo dejan abierta la posibilidad de impugnaciones.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
