Fernanda Durán
Interrogantes en torno a las opiniones sobre los trabajos del Interapas y el futuro de la presa El Realito tomaron protagonismo en la comparecencia a cargo del director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Benjamín Pérez Álvarez, con motivo del segundo informe de Gobierno del Estado.
Aunque el director consideró que la población está cansada del tema de El Realito y sus fallas, aseguró que actualmente la opción más viable es obtener una conciliación de penas contra la empresa, por faltas a las cláusulas del contrato, en vez de intentar rescindirlo, debido a los costos que conllevaría quitarle la operatividad a Aquos y asignarla a la CEA.
Durante su comparecencia, a través de dudas expuestas por el diputado Eloy Franklin Sarabia, Pérez Alvarez explicó que rescindir el contrato con Aquos, el cual finaliza hasta 2036, implicaría que el Estado pagara los meses restantes hasta ese año por un monto aproximado del 2 mil 800 millones de pesos, más la infraestructura para encargarse de los servicios.
Mientras que, en el caso de las penas convencionales por la falta de suministro, el titular de la CEA insistió en que se han hecho valer esas penas en todas y cada una de las veces que se han presentado estos eventos, pero en su misma explicación dio a conocer que hay penas controvertidas desde marzo de 2022 por un monto que oscila los 80 millones de pesos.
Sin embargo, estas penas fueron motivo de contradicciones en plena reunión, cuando el diputado Rubén Guajardo Barrera cuestionó sobre el destino que le han dado a los ingresos o ahorros por el pago de dichas penas convencionales, a lo que el director respondió y confirmó en dos ocasiones que se envían como notas de crédito al Interapas para disminuir su pago por recepción de agua de El Realito.
En cuanto el diputado pidió razones del por qué otorgan estos recursos al interapas, cuando se ha destacado como un organismo sin resultados, y no se utiliza en acciones específicas ante el fallo de El Realito, el comisionado “precisó” que no se le han dado los créditos, pues “como refirió” las penas están controvertidas y “no se ha extendido el día de hoy una nota de crédito a favor de el organismo”, pero en caso de ser procedentes se definiría si se aplican o no. Ante esto, el diputado destacó la contradicción.
De acuerdo con la exposición de la CEA, el contrato de prestación de servicios de El Realito contempla un procedimiento conciliatorio dividido en cuatro etapas. La primera de ellas fue el dialogo para revolver las diferencias en los montos de las penas; la segunda, en la que se encuentran actualmente, que consiste en presentar un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo estas conciliaciones nuevamente con la empresa, cuyo periodo “no es tan extenso”, que en caso de no tener éxito pasarían a una tercera etapa con la designación de un árbitro con conocimiento en la materia para llevar a cabo la aclaración en la diferencia aritmética en las penas. Por último, en la cuarta etapa, tocaría acudir a tribunales federales a fin de lograr el pago de las penas.
En cuanto al Interapas, en la comparecencia, el diputado José Luis Fernández Martinez aprovechó para presumir que están realizando un proyecto legislativo para un nuevo organismo en el que se prevé incluir a Villa de Pozos como virtual municipio a fin de desaparecer al actual organismo operador. a modo de solución, entre las intervenciones, el diputado Alejandro Leal Tovías preguntó al compareciente si era mejor la opción de un macro proyecto de inversión privada para la administración, tecnificación y sectorización del servicio.
En ambas ocasiones, el representante de la CEA señaló que el organismo operador estaba rebasado, pues la demanda es superior a su capacidad de respuesta, pero el hablar de un proyecto de ese tipo implicaría tomar en cuenta a todas las autoridades que intervendrán y, en su caso, un planteamiento propio del Interapas.
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas consultó si en caso de que Villa de Pozos se convierta en nuevo municipio la CEA garantizaría el servicio de agua potable; a lo que el funcionario declaró que “partiendo del tiempo una vez que se reconozca como municipio”, el tema administrativo sería más transitable, pero la parte operativa requeriría revisar los límites del municipio, sus pozos y medir si esa cantidad es suficiente para el uso y consumo de agua de la población, por lo que se comprometió a dar acompañamiento a fin de definir si erigirían un organismo o dirección de agua potable.
Plantas tratadoras y aguas residuales
Otro de los temas destacados en la comparecencia fue el diagnóstico de plantas tratadoras, por el cual se mencionó que al inicio de esta administración no se contaba con un padrón de tratamiento de aguas, pero el actual estudio arrojó un padrón de 117 plantas de tratamiento de las que el 30 por ciento opera y el resto no por causas como la falta de seguimiento, lo que justificaron con la impartición de múltiples cursos para la operación de plantas de tratamiento y mantenimiento, pues con los cambios de gobiernos municipales, los proyectos se quedan inconclusos, además del abandono, por falta de personal capacitado en los municipios.
Respecto a la obra detenida del puente de avenida Seminario donde existe contaminación y un foco de infección por el canal de aguas negras a cielo abierto que se encuentra bajo esta vialidad, la CEA reconoció que se realizan descargas irregulares por parte de los fraccionamientos aledaños a la zona, razón por la que han acudido a los lugares junto a las autoridades judiciales, y tienen dos opciones: instruir al Interapas para que ubique y detenga esas descargas o que el Estado instale un encauzamiento pluvial de la zona; la segunda opción está detenida por la disposición del presupuesto.
