Adriana Ochoa
Trabajadores y jubilados del magisterio potosino han presentado solicitudes de información sobre el dinero en el fondo denominado FOPRESYR26 / o Fideicomiso Sección 26 del SNTE. Piden lo básico: el padrón de pensionados afiliados, las actas que autorizaron poner ese recurso invertido en la iniciativa privada o en préstamos, así como el monto de adeudos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y desde cuándo dejó de depositarle.
Esas solicitudes han desatado una guerra de la SEGE en tribunales para no entregar los datos. Las peticiones son absolutamente de pleno derecho y la justicia federal así lo ha reconocido. Pero la SEGE ha echado mano de su oficina de “Derechos Humanos” para combatir y retrasar la entrega de datos, suponemos que, hasta el cambio de sexenio, sino es que más allá.
Los jubilados de la Sección 26 del SNTE han pedido repetidamente auditorías externas y transparencia sobre el manejo del fondo. La exigencia nace de retrasos injustificados en pagos (hasta 27 meses) y, derivado de ello, la sospecha de una descapitalización por manoteo indebido en los fondos del magisterio y la quiebra de este.
El FOPRESYR26 Fondo de Previsión Social y Retiro de la Sección 26 del SNTE se constituyó como un fideicomiso privado de administración e inversión con Banorte, el 27 de junio de 1996, y se le denominó FONCASOL o Fideicomiso de Capitalización Social del Magisterio Potosino.
El primer fideicomitente es el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, representado por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas. El segundo fideicomitente es el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 26 del SNTE. Los fideicomisarios son los maestros adheridos al fondo y agremiados a la Sección 26 del SNTE. Los profes aportan al fondo, vía nómina, para capitalización y beneficios como jubilación complementaria, capitalización por retiro, préstamos, seguros, etc.
El Comité Técnico del fondo es el órgano que dirige operatividad, reestructuraciones, pagos y lineamientos. Lo encabeza la persona titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. El secretario General de Gobierno y la titular de Finanzas tienen asiento como vocales.
La sección 26 del SNTE tiene un papel central en la gestión, negociación de recursos y entrega de beneficios. Su secretario general Juan Carlos Bárcenas Ramírez y el secretario de Asistencia y Previsión Social de la sección forman parte del Comité Técnico. Su extraña posición pública ante los reclamos de transparencia de los jubilados ha sido de silencio y disimulo. Fuerza la tiene: 14 mil jubilados y 27 mil trabajadores activos.
Operativamente las entidades de gobierno hacen las retenciones vía nómina. El Comité Técnico (mixto Gobierno estatal + Sección 26 del SNTE) toma las decisiones de manejo, y los recursos provienen principalmente de aportaciones de los trabajadores adheridos.
Con todo y que es el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado quien preside el manejo del dinero, el anterior y recién removido secretario, Juan Carlos Torres Cedillo, contestó a los peticionarios de información que él no sabía nada “porque son datos que únicamente competen a un fideicomiso privado”. Hoy en la Secretaría de Cultura, Torres Cedillo protagonizó varios litigios para no dar información.
Un peticionario se fue al amparo y el juzgado Cuarto determinó que la SEGE violó el derecho de petición; también le ordenó responder de forma transparente. Con todo y eso, SEGE no cumplió, extendió la trabazón en tribunales. No es todo.
También derivado de una solicitud de información no atendida, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) le dio la razón a un particular contra la SEGE. La mañosa SEGE pretendió promover un amparo alegando que “nunca les notificaron bien la sentencia a sus correos electrónicos”.
El juez desestimó el amparo señalando un principio contundente: el juicio de amparo no fue creado para que el Gobierno lo use para defenderse de sus propios actos de autoridad o para evadir sentencias judiciales. Los abogados de la SEGE presentaron otro recurso dilatorio.
Los maestros jubilados también han recurrido a sus representantes, los diputados del Congreso del Estado. Para vergüenza, han estado a la altura de las alfombras y se suman al esfuerzo por extender en lo posible a la opacidad con el manido recurso “del tío Lolo”.
Profesores jubilados de la Sección 26 del SNTE en San Luis Potosí reclamaron ante el Legislativo la falta de pago de sus pensiones complementarias provenientes de su fondo de retiro. En lugar de simplemente llamar a cuentas al secretario de Educación, los diputados locales propusieron crear una comisión especial “para investigar, transparentar y buscar solución a las irregularidades del fondo”. Una mera salida dilatoria para no hacer lo que les toca ni molestar al Gobierno del Estado.
Luego, las Comisiones Unidas del Congreso (Puntos Constitucionales, Gobernación y Educación) desecharon la propuesta y emitieron un dictamen diciendo que no era asunto del Gobierno ni del Congreso porque que se trataba de un “fideicomiso privado”, financiado únicamente por los trabajadores. Como si el titular de la SEGE no presidiera el comité técnico que opera el fideicomiso.
Una maestra jubilada promovió un juicio de amparo contra el Congreso por desechar la investigación. La juez le dio la razón a la maestra; el Congreso del Estado impugnó mediante el recurso de revisión 16/2025. Nuestros diputados alegaron que la maestra no podía ampararse porque, según ellos, un ciudadano no tiene derecho de ampararse contra decisiones o votaciones internas de los diputados. Cabe suponer que o tenemos legisladores con aires de dioses, o nuestro Congreso contrata abogados egresados de la gloriosa academia Santo Domingo.
El Tribunal Colegiado les enmendó la plana y confirmó el amparo en favor de la maestra jubilada porque, desde luego, los ciudadanos sí podemos ampararnos contra el Congreso. Además, les demostró que es falso que el Gobierno no tenga nada que ver: El Gobierno del Estado figura como fideicomitente; realizó una aportación inicial de capital (recursos públicos) y la SEGE funge como retenedora de las cuotas vía nómina.
Si el Gobierno del Estado retuvo cuotas a los agremiados a la sección 26 pero no las aportó al Fideicomiso, incurrió en observaciones graves por subejercicio o desviación de recursos. Transparentar cuánto se debe y desde cuándo se dejó de depositar dejaría al descubierto un quebranto financiero al fondo magisterial.
Lo obvio es que la SEGE intenta colocar los recursos públicos y las aportaciones fuera del alcance de la Ley de Transparencia. El análisis de los expedientes judiciales revela la radiografía de un esquema recurrente de opacidad, evasión de responsabilidad institucional y abuso de argucias legales para ocultar el uso de fondos de los maestros.
ROLLOS SUELTOS
AGENTE DE DEMÉRITO. Ningún abono a favor le aporta a un aspirante a gobernador que un sujeto violento escrache, amenace e insulte en su nombre a la dirigente del partido a cuya convocatoria se inscribió con miras al 27. Un provocador hizo gala de intimidación en público contra Rita Ozalia Rodríguez el pasado viernes, en el interior de salón de Pleno del Congreso. Como el tipo empezó a gritar “¡Zumaya!¡Zumaya!”, se le ubicó de inmediato como partidario del señor Gerardo Sánchez Zumaya. Si lo es, su “ayuda” no deja bien parado al huasteco, quien no se caracteriza por requerir de guajes para nadar. Y si el hostigador no tiene nada que ver con Sánchez Zumaya, entonces peor cosa: alguien le está jugando a endilgarle violencia de género y conductas porriles.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
