Por Victoriano Martínez

Vecinos de la comunidad de Noria de San José, en la Zona Industrial de la ciudad, denuncian una vez más a la empresa Parques American Industries, S.A. de C.V., por intentar bloquear el paso a su vivienda con el cierre de una calle en propiedades que se encuentran en litigio, y solapados por autoridades municipales y estatales.

Guillermo López, quien tiene su casa en el cruce de la carretera 57 y Eje 136, en la comunidad de Noria de San José, reportó que su familia ha recibido amenazas de muerte, por lo que responsabilizan al socio de la empresa, Luis Lara Armendáriz, y al gobernador Juan Manuel Carreras López por cualquier agresión que pudieran sufrir.

El pasado 22 de noviembre, Griselda Haro, esposa de Guillermo López, denunció que trabajadores de la empresa iniciaron un bardeado en torno a su vivienda, por el que incluso ingresaron sin su consentimiento a su propiedad, como parte de la estrategia de bloquearles todos sus accesos.

El pasado fin de semana, Haro detectó un anuncio en el que la empresa pone en venta los terrenos que asume como de su propiedad en Noria de San José, que incluyen su vivienda.

López y Haro denunciaron que, en represalia porque impidieron el cierre de la calle Camino Antiguo a Santa María, trabajadores de la empresa destruyeron su fosa séptica y les provocaron un problema de fuga de aguas negras, sin que las autoridades estatales y municipales intervengan.

El conflicto en Noria de San José se agudizó cuando en junio de 2016 la empresa Parques American Industries, originaria de Chihuahua, intentó desalojar de manera violenta la vivienda de la familia López Haro, a quienes incluso les demolieron un restaurante de su propiedad que tenían al lado de su casa.

Aquella acción de la empresa fue apoyada por funcionarios estatales que se hicieron pasar como actuarios, a pesar de formar parte de la Comisión de Atención a Víctimas.

Tras diversos litigios y quejas por violaciones a derechos humanos, el caso ha provocado ya tres recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La pareja denunció la venta ilegal de los terrenos de Noria de San José que pretende la empresa, incluida su vivienda, porque –incluso– si correspondieran a los que les fueron dotados mediante el decreto 460, del 15 de septiembre de 1981, que crea la Zona Industrial del Potosí, incurren en una violación al mismo.

Entre las irregularidades y el abuso en el que incurre la empresa al ofertar los terrenos, destaca el hecho de que los habrían comprado a 19 pesos por metro cuadrado y ahora los pretenden vender a 209 dólares por metro cuadrado, lo que representaría obtener más de 215 veces lo que presuntamente pagaron.

El conflicto por la posesión de las tierras se ha desatado en parte por la indefinición de los límites de la Zona Industrial del Potosí establecidos en el artículo primero del Decreto 460, que incluyen incluso la certeza en el régimen de propiedad de las empresas instaladas en la comunidad de Noria de San José y del Ejido Arroyos.