Alejandro Rubín de Celis
Con el estate quieto que le dio la titular de la Semarnat, María Luisa Albores al alcalde interino, Alfredo Lujambio, para que detenga la aprobación unilateral de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Desarrollo Urbano de Centro de Población, y la reunión virtual que sostuvieron autoridades de los tres niveles de gobierno el miércoles 11 de enero, se aleja la posibilidad de que esos documentos se autoricen en el corto plazo y se permita urbanizar una nueva zona de la Sierra de San Miguelito, y ofrece tiempo y condiciones para que ésta quede comprendida dentro del Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal.
El grupo que al interior del Cabildo de San Luis Potosí busca apresurar la aprobación de ambos programas aprovechó que durante unos meses la federación no hiciera pronunciamiento alguno y aparentemente se mantuviera alejado del tema, para presionar a regidores disidentes y al síndico municipal, a efecto de que los votaran favorablemente, primero en comisiones y luego en el pleno de ese órgano de gobierno municipal.
Pero justo a tiempo, el viernes 8, fecha en que estaba programada la sesión de comisiones unidas para la aprobación de los programas ─que finalmente se suspendió por errores en la convocatoria y luego de la cual se esperaba la aprobación del Cabildo al día siguiente─ le llegó al presidente municipal interino, Alfredo Lujambio Cataño, un oficio en el que la titular de la Semarnat lo exhorta para que antes de cualquier determinación de carácter municipal se pidiera opinión oficial a las instancias rectoras en materia de desarrollo territorial y urbano, y lo conminó a trabajar coordinadamente en el tema con los gobiernos estatal y federal. Ese mismo día el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas difundió un tuit en el que condenaba la intentona de “… autorizar la depredación de la Sierra de San Miguelito y su Cañada del Lobo”.
De acuerdo con participantes en la reunión virtual del miércoles 13, autoridades federales exhortaron a los representantes estatales y municipales ─además del alcalde de la capital participaron sus homólogos de Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona, municipios a los que también les afecta la urbanización de la sierra─ a evitar cualquier aprobación antes de que concluya el proceso del ANP federal que, como se ha informado, se declarará oficialmente en el transcurso del segundo semestre de este año.
El dato es de la mayor relevancia pues se estima que la consulta pública abierta a la sociedad por parte de autoridades ambientales de la federación se llevará a cabo entre febrero y marzo, de la cual seguramente habrá una expresión generalizada de rechazo a la urbanización de la sierra, lo que obligaría a la autoridad municipal a incluir en los programas municipales como zonas de reserva las tierras pretendidas por los desarrolladores inmobiliarios.
También está en curso la consulta para la aprobación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PEOTDUSLP), que está programado para concluir el próximo 8 de agosto y que, igual que la consulta municipal, carece de difusión y dificulta en extremo la participación social. Sin embargo, y de acuerdo al diálogo virtual que se tuvo entre representantes de los tres niveles de gobierno, este programa tampoco debe ser aprobado antes de la declaratoria de ANP federal.
No obstante, aún persiste la preocupación entre activistas, grupos ambientalistas y colonos del sur de la ciudad ─sobre todo─ de que integrantes del Cabildo de la capital busquen a toda costa la aprobación de los programas en los próximos días o semanas, ante las fuertes presiones de líderes empresariales y fraccionadores.
Una señal que puede ir en este sentido ─de otras que ya ha dado como afirmar que no hay aún decretada una zona de reserva federal─ es lo declarado por el alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño, quien, según un comunicado conjunto relativo a la reunión entre representantes de los tres niveles de gobierno, dijo que el nuevo decreto permitirá pasar de 12 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas que existían ─de acuerdo al último decreto de carácter estatal─ a una superficie ocho veces superior, es decir, según Lujambio serían en total unas 96 mil hectáreas.
Pero el estudio previo justificativo realizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, campus Morelia, el ANP cubre una superficie de 109 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito. Entre la cifra del alcalde y el estudio referido hay una diferencia de 13 mil hectáreas, que se acerca mucho a las 14 mil hectáreas que buscan urbanizar a largo plazo los grandes fraccionadores. ¿Será mera coincidencia o una estimación fríamente calculada?
Con los intereses personales y de grupo ─tanto económicos como políticos─ que están en juego, al menos en los siguientes seis meses y hasta que no se haga la declaratoria oficial de ANP, miembros del Cabildo, del gobierno estatal, dirigentes empresariales y ─desde las sombras─ desarrolladores inmobiliarios, harán todo lo posible porque se aprueben los programas.
Mantendrán el discurso políticamente correcto que manejan en público para tratar de engañar a la opinión pública y al gobierno federal, pero bajo el agua utilizarán todos los recursos a su alcance, incluidos intentos de negociación, para rescatar al menos una parte de las hectáreas que pretenden los constructores ─aproximadamente 490 de la vía alterna a la Zona Industrial y 350 del proyecto Las Cañadas─, pero seguramente se toparán con pared.
En la reunión virtual del pasado miércoles, representantes de la Semarnat ─encabezados por María Luisa Albores, conocedora como pocos del tema medioambiental─ y de otros órganos oficiales relacionados con el medio ambiente, dejaron bien clara la posición del gobierno federal de proteger, por encima de cualquier otro interés, el equilibrio ecológico que proporciona la Sierra de San Miguelito.
Con la demostración de su profundo conocimiento del tema medioambiental, en torno al cual los representantes estatales y municipales mostraron un claro desconocimiento, les dijeron que todas las zonas que proporcionen servicios ambientales a los cuatro municipios que colindan con la Sierra de San Miguelito y sus habitantes serán resguardadas.
Además de la contundente postura de las autoridades federales, hay activistas, organizaciones ambientales y grupos de colonos que han dado y seguirán dando la batalla para combatir la ambición desmedida y los intereses de unos pocos a fin de conservar ese patrimonio común y símbolo de vida que es la Sierra de San Miguelito.
