Por Victoriano Martínez
Cuando una autoridad que pretende que permanentemente se toleren sus acciones al margen de la ley, la existencia de cualquier reacción ciudadana que la cuestione le resulta inaceptable. Que una asociación civil lleve a instancias judiciales que ordenen la corrección de lo ilegal es una reacción que, ahora resulta, se debe reprimir.
La organización Cambio de Ruta ha iniciado cuando menos once juicios de amparo en contra de omisiones o determinaciones del actual gobierno estatal que incurren en ilegalidades e incluso violaciones a derechos fundamentales.
Nada fuera de lo normal: el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario que permite a las personas impugnar actos de autoridad que consideran ilegales o que vulneran sus derechos fundamentales.
Los casos en los que Cambio de Ruta ha recurrido a juicios de amparo en estos poco más de cuatro años representan un breve catálogo de la mala gestión del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, en el que pasar por encima de las leyes es su regla y basta con ver la forma en que la Ley de Obras Públicas y la Ley de Transparencia se han convertido en letra muerta, sólo por citar dos ejemplos.
Cada uno de los juicios de amparo tramitados por Cambio de Ruta da cuenta del incumplimiento de otras leyes y no han sido pocos los casos en los que la justicia federal ha confirmado esas ilegalidades.
A Gallardo Cardona le correspondió cumplir con la instalación del Instituto Estatal de Planeación Urbana (IEPU) y la Procuraduría Urbana por orden judicial cuando no lo había hecho después de más de cuatro meses del inicio de su gobierno, a pesar de que debieron instalarse más de dos años antes.
Tan mal planteó Gallardo Cardona el cumplimiento de su promesa de gratuidad en los estacionamientos de los centros comerciales que fue otro de los primeros casos en los que Cambio de Ruta le ganó un amparo.
La elaboración del Plan Estatal de Desarrollo se hizo sin respetar el derecho de los grupos vulnerables a ser consultados, que fue otro de los temas en los que la agrupación cívica logró el amparo de la justicia federal.
Una característica de los amparos promovidos por Cambio de Ruta tiene que ver con las faltas en contra de las leyes relacionadas con la protección ambiental, lo que podría verse como una paradoja por ser un gobierno “verde ecologista”, de no ser porque es bien sabido que esa es una de las mayores hipocresías de Gallardo Cardona.
La pretensión de construir un Cristo monumental en el Área Natural Protegida de Joya Honda fue otro motivo de amparo exitoso de Cambio de Ruta.
Entre los juicios de amparo que fueron acompañados por movilización ciudadana se encuentran el que salvó de ser talados a 867 árboles de la avenida Himno Nacional y el que logró preservar los adoquines en el Barrio de San Miguelito donde, en represalia, Gallardo Cardona entregó una obra incompletas y con deficiencias graves.
Como resultado de los juicios promovidos por Cambio de Ruta un juzgado federal emitió la orden a diversas dependencias estatales y al Interapas para que se coordinaran para resolver el problema del lirio en la Presa San José.
Dos amparos aún se encuentran en trámite: el relacionado con las obras de ampliación en el Río Santiago y la rehabilitación del Parque de Morales, en las que –otra vez la vocación de depredación ecológica de Gallardo Cardona– se pretende la tala de cientos de árboles.
El amparo promovido por Cambio de Ruta en el que no se tuvieron efectos fue el presentado por la construcción de la Arena Potosí, cuya obra avanzó sin que el juicio se resolviera a base de lo que se conoce como chicanadas, como por ejemplo evitar las visitas de inspección a la obra.
En este recuento de los amparos promovidos por Cambio de Ruta queda claro que se dio la razón a la agrupación ecologista en tanto que se plantearon correcciones a las medidas gubernamentales.
Es decir, se cumplió el fin de los amparos como medio de defensa extraordinario que permite a las personas impugnar actos de autoridad que consideran ilegales o que vulneran sus derechos fundamentales, aunque lo que no está claro es si Gallardo Cardona ha cumplido con las resoluciones de los jueces federales.
Un contraste a destacar: Cambio de Ruta ha sido muy transparente sobre sus gestiones. En sus redes sociales informa cada que inicia un juicio de amparo, actualiza la información y publica los documentos relacionados. El gobierno del Estado se limita a declaraciones que buscan desacreditar el ejercicio ciudadano de exigir legalidad.
Gallardo Cardona sí tiene obligación por leyes estatales y federales de ser transparente, además del Acuerdo de Escazú, y publicar los proyectos cuestionados de tal manera que si las cumpliera, además de las normas que aplican específicamente a cada proyecto, evitaría los juicios de amparo porque no les daría materia.
Lejos de demostrar que actúa conforme a la Ley –lo que les resulta imposible porque incumplen toda norma–, Gallardo Cardona trata de descalificar con su argumento más ridículo (“son de la herencia maldita”) como si tal calificativo lo autorizara para violar la Constitución y las leyes.
Tras la presentación de un amparo más por Cambio de Ruta, esta vez por ilegalidades en la ampliación del parque acuático Splash, al interior del Parque Tangamanga I, la reacción descalificadora del gobierno estatal escaló a un amago de pretender sancionar a quien pide legalidad por las vías formales. El mundo al revés.
“Inclusive yo creo que se debe de buscar analizar también desde por parte del Estado verdad algún tema de responsabilidad porque, insisto, no pueden estar en forma sistemática ese tipo de acciones de manera irresponsable”, declaró este viernes José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de gobierno, a propósito de los amparos de Cambio de Ruta.
Lo cierto es que Cambio de Ruta ha logrado en forma sistemática respuestas de la justicia federal sobre los casos en los que detecta que el gobierno estatal viola en forma sistemática las leyes y los derechos ciudadanos…
