Estela Ambriz Delgado
Investigadores del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Observatorio Socioambiental del Colegio de San Luis (Colsan) señalaron las principales razones por las que el mega proyecto Monterrey VI no debe ser aprobado, e hicieron un llamado a los gobernadores de los estados involucrados a escuchar a la ciencia y consultar a la ciudadanía.
En rueda de prensa, los investigadores Antonio Cardona Benavides, Fernando Díaz Barriga, Luis Enrique Granados Muñoz y Francisco Peña de Paz, advirtieron de las consecuencias negativas que este trasvase puede traer, principalmente a la zona Huasteca, que es de donde se pretende extraer el agua, sin importar en donde se sitúen la toma de extracción, ya sea en Veracruz, Tamaulipas o San Luis Potosí.
Díaz Barriga puntualizó que el proyecto Monterrey VI no debe ser autorizado por tres razones: la primera, porque está basado en un estudio de impacto ambiental de 2012 con información histórica del siglo pasado, cuando actualmente hay estudios que indican que la Huasteca es la región de México más afectada por el cambio climático.
“Es la región de nuestro país que tiene menos cantidad de agua de lluvia, se presenta el menor incremento de las precipitaciones y por el otro lado las altas temperaturas (…) que provocan una pérdida mayor de aguas superficiales, y el Pánuco es agua superficial, ese dato no está en el estudio de impacto ambiental, no pueden aprobar el proyecto con información del siglo pasado”.
En segundo lugar, el investigador señaló que, atendiendo el derecho humano al agua, es fundamental defender el vital líquido del territorio potosino para sus habitantes, pues en este caso el agua que se pretenden llevar es para la industria.
Como tercer punto, Díaz Barriga indicó que sin importar en dónde se encuentre la toma, ya sea en Veracruz, Tamaulipas, o San Luis Potosí, los efectos de los 15 metros cúbicos por segundo que se pretenden extraer, en épocas de cambio climático y estiaje, afectarían tanto a la Huasteca potosina como a Tamaulipas, por lo que los gobernadores de ambos estados deben consultar a la ciencia para tomar una decisión que va a impactar los siguientes 30 o 50 años.
“No importa si la toma va a estar en Veracruz, en Tamaulipas o en San Luis, los efectos de 15 metros cúbicos por segundo, los efectos en épocas de cambio climático y estiaje se ven aguas abajo y aguas arriba de la toma, afectan a la Huasteca, afectan a Tamaulipas”.
En este sentido, Francisco Peña enfatizó en la importancia de considerar que la defensa del agua concierne no sólo a la ciudadanía de San Luis Potosí, sino de toda una región pluricultural de México, pues en la Huasteca se enfrentan profundas modificaciones debido a la variabilidad climática, y en esas condiciones arriesgar un volumen tan grande de agua para la industria sería irresponsable.
“La ciudad a donde se quiere llevar [el agua] se tienen grandes empresas cerveceras y de la industria de bebidas; no hay que olvidar de qué sede estamos hablando en términos de Monterrey. Nos parece una irresponsabilidad y por lo tanto el llamado a la defensa tendría que abarcar a todos los ciudadanos de la Huasteca como gran región de México, en ese punto sin duda los potosinos tenemos una obligación de empezar a actuar”.
Antonio Cardona Benavides resaltó que, de manera histórica, las decisiones del agua en México son poco democráticas, pues sólo se toman en cuenta los intereses de grupos de poder económico y político, y se deja de lado a las personas que serían las principales afectadas, como en este caso que pretenden llevar 15 metros cúbicos por segundo por medio de un decreto expedido durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, sin antes considerar las fuentes de abastecimiento que hay en Monterrey.
Luis Enrique Granados Muñoz señaló que es falso que haya una fuente de abastecimiento con superávit, y los datos que se utilizan como argumento para llevar a cabo los proyectos de trasvase son manipulados, pues no hay ningún lugar en el país donde sobre el agua.
Por otra parte, Fernando Díaz Barriga dijo tener la expectativa de que los gobernadores entiendan que se requiere una evaluación académica científica y consultar a la ciudadanía, y que de no ser ese el escenario, se puede recurrir a instrumentos como el amparo, con la finalidad de proteger el Río Pánuco y obligar a que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental.
“Ojalá no lleguemos a eso, ojalá lleguemos a que la verdad impere, que la razón impere, y el proyecto solito cae, pero si no es así, tenemos los instrumentos en nuestras manos para obligar a que hagan un nuevo estudio de impacto ambiental y el nuevo estudio de impacto ambiental fácilmente demostraría que es más fácil que se lleve agua del mar a Monterrey que del Río Pánuco”.
