Astrolabio

Redacción

El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) advirtió que el caso de la ex secretaria de Salud y ex candidata a gobernadora, Mónica Liliana Rangel Martínez, exhibió una simulación en el combate a la corrupción y, además, se abre la sospecha sobre un acuerdo que garantice la impunidad entre Ricardo Gallardo Cardona y Juan Manuel Carreras López.

Este jueves, a través de un comunicado, el FCA señaló puntos clave del proceso de Mónica Rangel por los cuales se simularía la búsqueda de justicia sobre las irregularidades cometidas por los ex funcionarios del sexenio de Carreras López.

El Frente contrastó la pena menor a cinco años de cárcel que se le otorgó a Rangel Martínez durante el juicio abreviado, ya que el fiscal José Luis Ruiz Contreras había asegurado anteriormente que la doctora podría pasar hasta 27 años en prisión.

Además, hicieron hincapié en que la procuración de justicia en San Luis Potosí se encuentra sometida “de manera ilegal a las órdenes del Ejecutivo”, toda vez que el gobernador Ricardo Gallardo reveló su intromisión en el proceso al comentar avances sobre el acuerdo reparatorio que finalmente alcanzaron las partes.

Una inconsistencia más señalada por el Frente Ciudadano Anticorrupción es la cifra otorgada por el gobernador durante su toma de protesta, de mil 700 millones de pesos “saqueados” de los Servicios de Salud y los 22 millones 45 mil pesos reintegrados por parte de Mónica Rangel que apenas alcanza el 1.3 por ciento del total.

Por estas razones, el FCA sospecha sobre un posible pacto de impunidad para los actores del sexenio carrerista y el mismo Juan Manuel Carreras, “a quien durante todo el sexenio se le señaló por encubrir a la familia Gallardo”.

Más adelante, el FCA exhibe las irregularidades e inconsistencias en la reparación de daño de Mónica Rangel, ya que en su declaración patrimonial como candidata a gobernadora señaló que percibía un ingreso anual de un millón 596 mil 510 pesos y reportó bienes que suman un valor de un millón 557 mil 393 pesos, por lo que, ni con su trabajo en la administración pública ni con la venta de sus bienes, alcanzaría a pagar los más de 22 millones de pesos que reintegró al erario para salir de prisión y terminar con su causa penal.

“Si la declaración de Rangel Martínez es real, se debe aclarar quién [o quiénes] y a cambio de qué aportaron los recursos para liberarla, y si eso fue lo único que entregaron”.

Finalmente, el Frente señala que la actual administración estatal eliminó el acceso a las declaraciones 3de3 de todos sus funcionarios y no se ha incorporado a la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción. Además de la inutilidad de estas, “en tanto los servidores públicos las puedan presentar incompletas o con datos falsos”.

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