Desiree Madrid
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, confirmó que actualmente existen dos personas detenidas por un caso relacionado con el uso de inteligencia artificial, situación que en los últimos días ha generado debate público por presuntas investigaciones contra administradores de páginas digitales y comunicadores en la entidad.
Durante una entrevista con medios de comunicación, la fiscal señaló que hasta el momento la institución no tiene identificado que las personas involucradas sean periodistas.
Al ser cuestionada sobre las acciones emprendidas por el uso de inteligencia artificial y la difusión de contenido presuntamente falso, García Cázares respondió:
“Nosotros tenemos por ahí dos personas detenidas, no hay una situación de que nos hayan dicho que hayan sido periodistas”.
La funcionaria agregó que el asunto todavía se encuentra bajo revisión de un juez de control, por lo que evitó profundizar en detalles relacionados con el proceso judicial.
Sobre los delitos que se imputan en este caso, la fiscal indicó que las investigaciones siguen delitos contra la dignidad y confirmó que el señalamiento involucra el uso de inteligencia artificial.
La fiscal general también señaló que, hasta el momento, este es el único caso de ese tipo que tiene registrado la dependencia estatal y que la denuncia fue presentada por una víctima cuya identidad permanece reservada, debido a la naturaleza de las acusaciones.
De igual forma, García Cázares explicó que las autoridades pueden intervenir cuando el uso de inteligencia artificial deriva en posibles conductas delictivas previstas en la legislación vigente.
“Hay en los delitos, en un título de la ley, delitos contra la dignidad, y es un delito que fue adicionado”, explicó la funcionaria, además de aclarar que cualquier persona puede presentar una denuncia si considera haber sido afectada por contenido generado o manipulado mediante herramientas digitales.
Las declaraciones ocurren en medio de la discusión pública generada por recientes reformas relacionadas con inteligencia artificial y publicaciones digitales aprobadas en San Luis Potosí, legislación que ha sido cuestionada por organismos defensores de la libertad de expresión y derechos digitales.
Organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica han advertido que algunos conceptos incluidos en las reformas podrían dar pie a interpretaciones amplias y afectar el trabajo periodístico o la difusión de contenidos críticos en plataformas digitales.
Las declaraciones de la fiscal también se dan luego de que el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría General de Gobierno, emitiera un posicionamiento en el que afirmó no haber encontrado elementos para considerar que los hechos investigados se hayan realizado dentro del ejercicio periodístico.
