Funcionarios públicos que no acaten recomendaciones de la CEDH deben ser sancionados

Leticia Vaca

La diputada Marite Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, consideró que debería haber más sanciones para las y los funcionarios públicos que no den cumplimiento a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

Ello luego de que el día de ayer comparecieran Leopoldo Stevens Amaro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), y Miguel Ángel Carbajal Martínez, titular de la Oficialía Mayor, por incumplir dos recomendaciones emitidas por la CEDH ante las violaciones a los derechos de María de Jesús Almendarez Prieto, víctima de acoso y abuso sexual. 

Al respecto, la legisladora puntualizó que no se dio cumplimiento a dichas recomendaciones y aunque reconoció que el Congreso del Estado no puede emitir sanciones, calificó como un avance el exhibir a los funcionarios que faltaron a los requerimientos de la CEDH. 

“Es un exhorto, un llamamiento al cumplimiento de la ley, a que los derechos de las mujeres no deben de violarse, porque me parece que no están dando un total cumplimento al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a vivir en sus espacios de trabajo libres de acoso”, dijo.

Hernández Correa lamentó que en la administración pública los índices de acoso sean altos, ya que dijo, muchas víctimas no denuncian por temor a perder su trabajo.

“Es alto el acoso y por supuesto hay toda una situación de secrecía, porque pues bueno es el empleo, ¿qué tienes que hacer como mujer si tienes que hacerte cargo de tus hijos?, ¿una situación familiar que te impide a lo mejor alzar la voz?, pero este es un llamamiento a las trabajadoras para que no se queden calladas y hagan uso de todas las herramientas jurídicas que existen y de todo el marco jurídico que las protege”, recalcó. 

La diputada indicó que pese a que se han realizado talleres y capacitaciones para funcionarias y funcionarios, la violencia hacia las mujeres trabajadoras ha sido una permanente en la administración pública.

“Me parece que la comparecencia fue un llamamiento a los altos funcionarios para que se conduzcan con apego a los derechos de las mujeres, cometidos ‘ya es un avance’, y un llamamiento al cumplimiento de la ley para que no se violenten los derechos de las mujeres”, finalizó.

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