Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) decidió no promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las recientes modificaciones a la Ley Electoral del Estado, solicitada por un grupo de ciudadanos que acusa al Congreso local de volver a legislar sin consultar previamente a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas.
La determinación se confirmó este viernes, luego de que las personas solicitantes permanecieron cerca de cinco horas en las instalaciones del organismo a la espera de recibir un proyecto de demanda que habían entregado previamente para su revisión y eventual firma por parte de la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
De acuerdo con la activista Catalina Torres, el grupo acudió originalmente a la Comisión 15 días antes para solicitarle que ejerciera su facultad de controvertir las reformas publicadas el 29 de junio en el Periódico Oficial del Estado. El planteamiento de fondo es que que las reformas fueron aprobados sin atender una sentencia previa de la Suprema Corte que ordenaba realizar consultas a estos sectores antes de legislar sobre su representación política.
Torres aseguró que la obligación legislativa se encuentra pendiente desde 2024 y cuestionó los argumentos presupuestales del Poder Legislativo para omitir el proceso:
“Cada vez van elevando más, según ellos, el costo basado en nada, en nada real. Han ido aumentando; ya creo que van en 20 millones en este momento. Por eso dicen que no pueden hacer las consultas. No es cierto”.
Como las personas particulares no están legitimadas para promover directamente una acción de inconstitucionalidad, solicitaron la intervención de la CEDH. Torres relató que, durante la primera reunión, la presidenta de la Comisión se comprometió a revisar el asunto. Para facilitar el análisis, el abogado Luis González Lozano entregó un proyecto de demanda de aproximadamente 111 páginas para que el organismo lo revisara y presentara ante la Corte antes de que el plazo concluyera el martes 28 de julio.
Sin embargo, durante las primeras horas se les informó que el proyecto continuaba en estudio y se les propuso regresar el lunes. Las solicitantes rechazaron esa posibilidad al considerar que esperar hasta un día antes del vencimiento reduciría el margen para revisar y entregar formalmente la demanda.
“Quedamos que íbamos a verificar ya que hoy se hiciera la firma de la acción de inconstitucionalidad; la única que puede firmar es la presidenta, no hay más. Llegamos y nos dicen que todavía está en estudio, que vengamos el lunes y que todavía tienen muchas cosas por estudiar”, explicó la activista.
Durante la espera, personal de la institución les comunicó que Argüelles Moreno no se encontraba en las oficinas. Según la versión recabada entre los trabajadores del organismo, la presidenta estaba de vacaciones, aunque las manifestantes dijeron desconocer si permanecía en San Luis Potosí o se encontraba fuera del estado.
A pesar de su ausencia, inicialmente se les indicó que el organismo buscaría la manera de obtener su firma. Las personas permanecieron en el interior de las oficinas hasta alrededor de las 14:00 horas, cuando finalmente les notificaron que la acción de inconstitucionalidad no sería suscrita.
La decisión desató una discusión con el secretario ejecutivo de la CEDH, Miguel Ángel Carbajal, a quien le exigieron una explicación por el incumplimiento del acuerdo pactado dos semanas antes con la presidenta del organismo. Durante la protesta, las inconformes señalaron que la negativa obedecería a intereses políticos y reprocharon que la Comisión evite confrontar normas de la actual administración.
Las personas inconformes insistieron en que su solicitud no buscaba que la CEDH evaluara políticamente el contenido completo de la reforma electoral, sino que analizara si el Congreso cumplió con el requisito formal y constitucional de consultar a los sectores involucrados.
Ante la negativa del organismo estatal, el grupo anunció que acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitarle que revise el caso y valore la presentación del recurso antes de que venza el plazo legal.
La posibilidad de que la CNDH intervenga dependerá del tiempo disponible para recibir, estudiar y formular la demanda, así como de la valoración jurídica que realice sobre las disposiciones impugnadas y la falta de consultas señalada por los solicitantes.
