Fernanda Durán
La negativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para promover una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Electoral no impidió que el recurso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el partido político nacional Somos MX presentó formalmente la impugnación el pasado 28 de julio, mientras que las abogadas y activistas que impulsaron la solicitud también interpusieron una queja ante la propia Comisión y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos por los hechos ocurridos durante la protesta del viernes pasado.
La demanda fue promovida por la dirigencia nacional de Somos MX y quedó dirigida contra el Decreto 0571, publicado el 29 de junio en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reformó la legislación electoral potosina. En el documento, recibido por la Oficialía de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN, el partido solicita que el máximo tribunal revise la constitucionalidad de las modificaciones aprobadas por el Congreso del Estado.
La acción de inconstitucionalidad retoma el proyecto elaborado originalmente para ser presentado por la CEDH, luego de que un grupo de ciudadanos acudiera al organismo el pasado 15 de julio para solicitar que ejerciera esa facultad constitucional.
Catalina Torres Cuevas explicó que, tras la negativa de la Comisión, buscaron otra de las vías legalmente facultadas para promover este tipo de recursos.
“El martes hice contacto con Xavier Nava, que es la persona que está encargada aquí en San Luis Potosí, y me dijo que lo consultó tanto con Guadalupe Acosta Naranjo como con Emilio Álvarez Icaza y, bueno, que estuvieron más que dispuestos”.
Indicó que el documento entregado a la Suprema Corte es, en esencia, el mismo que originalmente se presentó a la CEDH. “Lo que hicieron ellos fue adaptar algunas cosas; estaba hecho para que lo firmara la presidenta de la Comisión”.
“Lo que hace uno con una acción de inconstitucionalidad es preguntarle a la Corte. Es como decir: ‘Tengo una duda. Corte, usted dígame qué es lo que procede. ¿Está bien o está mal?’. No es que vayan a mandar a la cárcel a los diputados, no es que los vayan a sancionar”, afirmó Catalina Torres.
La activista consideró que, al negarse a promover el recurso, la CEDH impidió que ese análisis fuera planteado por el organismo ante el máximo tribunal del país.
La impugnación plantea que el Congreso del Estado modificó nuevamente la Ley Electoral sin cumplir antes con la sentencia de la Suprema Corte que le ordenó realizar consultas a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas.
Catalina Torres señaló que el problema tiene dos vertientes: por un lado, el incumplimiento de esa resolución judicial y, por otro, que los legisladores volvieron a reformar la ley sin llevar a cabo dichas consultas.
“Sí tenían una sentencia firme para hacer consultas. Pero, independientemente de eso, volvieron a modificar la ley; podían haber aprovechado ese momento para hacer las consultas y ahí se acababa todo. Pero siguen rehusándose a consultar”
Añadió que, desde su perspectiva, el Congreso incurrió tanto en el incumplimiento de la sentencia como en aprobar nuevas modificaciones sin realizar el procedimiento de consulta.
Además de la ruta jurídica emprendida ante la Suprema Corte, las activistas iniciaron procedimientos por los hechos registrados el viernes pasado en las instalaciones de la CEDH, cuando personal del organismo les informó que no se promovería la acción de inconstitucionalidad.
Torres informó que ese mismo día presentaron una queja contra el secretario ejecutivo de la Comisión, Miguel Ángel Carbajal, por el trato recibido durante la manifestación y por la presunta agresión contra una de las participantes, la abogada Xóchitl Tolentino. Posteriormente acudieron a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para presentar la denuncia correspondiente.
“Él llega directamente y dice: ‘No, no se va a hacer’. (…) Mi compañera Xóchitl se pone enfrente de él y le dice: ‘No, es que queremos respuesta’. (…) En ese momento él trata de salir y empuja y da un puñetazo a mi compañera Xóchitl”, comentó la activista.
La denuncia y la queja deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar si existió alguna conducta constitutiva de responsabilidad administrativa o penal.
Con la presentación de la acción de inconstitucionalidad, ahora corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre su admisión y, posteriormente, analizar el fondo de los argumentos planteados contra la reforma electoral aprobada por el Congreso.
