María Ruiz
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció sobre la aplicación de la llamada Ley Serrano en el caso de las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, y aseguró que ambas nunca debieron haber sido privadas de la libertad, al considerar que la utilización del derecho penal en este tipo de situaciones representa un riesgo para la libertad de expresión.
La postura del edil surge luego de la detención de ambas comunicadoras, quienes fueron señaladas por el supuesto delito contra la identidad de las personas tras la difusión de un video presuntamente manipulado con inteligencia artificial, caso que ha abierto un debate sobre el alcance y las implicaciones de la legislación reformada en San Luis Potosí.
Además de su labor periodística, Alejandra Hermosillo se desempeña como coordinadora de Imagen Urbana Municipal de San Luis Potosí, situación por la que también surgieron cuestionamientos sobre su continuidad dentro de la administración pública.
Al fijar su postura, Galindo criticó la utilización de medidas penales para atender casos relacionados con contenidos digitales y sostuvo que la cárcel no debe ser el mecanismo para regular este tipo de conductas.
“La verdad es que nunca debieron de haber estado detenidas. El derecho penal es de los derechos, es el más agresivo, es el más contundente. Y cuando suceden cosas de este tipo es lo último que se debe utilizar, porque es un atentado directo a la libertad de expresión”, afirmó. “Cualquier comunicador puede, con esa ley, o creador de contenido con esa ley, puede quedarse en la cárcel”.
En ese sentido, Galindo incluso planteó la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la permanencia de la legislación.
“Yo creo que debería la Corte ya pronunciarse por la desaparición de esa ley. Y si se quiere regular, que se regule de otra manera. Pero la cárcel no”, sostuvo.
Sobre la permanencia de Hermosillo dentro del Ayuntamiento, el alcalde confirmó que continuará desempeñando su función y “va a seguir siendo la coordinadora de Imagen Urbana”.
Asimismo, señaló que la discusión ya trascendió el ámbito estatal:
“Tan es así que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien promueve ante la Corte la desaparición de esa ley. Entonces no es ni siquiera un caso local, es un caso nacional, que curiosamente en San Luis tuvo poco ruido, pero que a nivel nacional es un escándalo”.
