Abelardo Medellín Pérez
En San Luis Potosí vimos esta misma semana alcaldes enfrascados en rencillas politiqueras, diputados que utilizan la Comisión Estatal de Derechos Humanos para proteger sus frágiles egos, legisladores que se suben el sueldo y ejidatarios que denunciaron cómo el gobierno beneficia a empresas constructoras que se adueñan irregularmente del territorio. Y, aun con todo ello, la tragedia más grande de la política local, como ya es usual, vino directamente del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Esta semana, el gobernador Gallardo Cardona confirmó públicamente su interés en contender por un cargo de elección popular en los comicios de 2027 y especificó que su intención es hacer campaña y aparecer en la boleta.
No hay sorpresa en esto. Desde hace años, la población sabe que la virtud que Gallardo Cardona nunca pudo mostrar como funcionario, la compensa con una capacidad ominosa para promocionar su imagen personal.
El gobierno le aburre al gobernador; la campaña es su elemento. No hemos conocido al Ricardo Gallardo diplomático porque no habla ese idioma, su lengua materna es la propaganda. Al gobernador no le importa que un ciudadano le dé las gracias por una obra, él vive por los tumultos de enardecidas masas que aplauden y corean su nombre. Gallardo no tiene gabinete, tiene publicistas con nombramiento de secretarios. No rinde informes, levanta circos para promocionarse con cargo al erario. No lidera un sexenio, encabeza una desgastada y fatídica campaña electorera que lleva 68 meses vigente.
Entonces, no hay sorpresa en el infame anuncio de sus nuevas aspiraciones políticas. Sin embargo, hay dos factores que el gobernador, por miedo o ignorancia, no ha explicado: el cómo y el qué alrededor de su potencial ausencia del cargo.
Si Gallardo quiere aparecer en la boleta, hay una serie de candados y consideraciones legales que vale la pena tomar en cuenta. Para empezar, el cómo.
La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí es clara en su artículo 79: “el cargo de gobernador del estado es irrenunciable y el individuo que lo desempeñe solo podrá separarse del mismo con licencia del Congreso, por causa grave o justificada”.
Por más entusiasmado que esté Gallardo Cardona con la idea de abandonar un cargo que con tanto esfuerzo ha dilapidado, la Constitución le prohíbe renunciar a él. Lo máximo a lo que podría aspirar sería a pedir una licencia que, por las características de la campaña, evidentemente sería de más de 30 días.
Y aunque la ley establece que solo podría ser por causa “grave o justificada”, seamos francos, ¿vamos a confiar el análisis serio y legal de la solicitud de licencia a un grupo de diputados como los que tenemos en San Luis Potosí hoy en día? ¿En diputados como Héctor Serrano, quien, sin un gramo de ironía, afirmó que las comparecencias del gabinete no son para cuestionar a los funcionarios? ¿En diputados como Fernando Gámez, quien asumió la dirección de la Mesa Directiva para multiplicar sus oportunidades de hacer campañas negras contra Galindo Ceballos y no ha hecho nada más relevante que eso?
Los criterios constitucionales que se establecieron para evitar que los políticos abusivos trataran el cargo de gobernador como un nombramiento trivial, deben ser protegidos ahora por una horda de legisladores abusivos que ven dichos criterios como un obstáculo estorboso para los intereses de su líder moral.
Dado que la ausencia ocurriría durante la segunda mitad del sexenio, el Congreso del Estado deberá instalar un Colegio Electoral para designar al sustituto. Esto, si el Congreso estuviera en sesiones; en caso contrario, la Diputación Permanente nombrará un gobernador provisional y convocará a un periodo extraordinario para elegir al sustituto definitivo. Así lo establece el artículo 77 de la Constitución local, el cual también considera que el secretario general podría hacerse cargo de la gubernatura, pero solo en caso de falta absoluta, misma que se actualiza únicamente en casos de fallecimiento, incapacidad, destitución o desaparición.
Luego tenemos el qué. ¿Con cuál cargo específico sueña el gobernador cuando cínicamente nos avisa de su huida?
En diversos medios y mesas de discusión se ha promovido la idea de que el gobernador buscaría una diputación federal. Se dice que es un “ascenso” lógico, que buscaría coordinar la bancada del Partido Verde como nuevo gran encargo y que solo ese espacio le permitiría alejarse del desgaste que deja.
El problema de esa hipótesis, tan popular como optimista, es que es inconstitucional.
El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) describe quiénes pueden ser legisladores de la Cámara de Diputados y quiénes no. En su fracción V establece:
“Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.
No dice “hacerse del cargo” ni “ocupar una curul”; dice que no podrán ser electos. Es decir, que, sin importar que su sexenio acabe el próximo año o que pida licencia, el gobernador simplemente no podría postularse. Sería la candidatura más fácil de tirar.
Gallardo Cardona tampoco podría regresar triunfalmente a Soledad de Graciano Sánchez como alcalde. El artículo 118 de la Constitución local establece que “están impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos”, en primer lugar, el Gobernador del Estado. No hay margen de interpretación que valga.
¿Y como diputado local? El artículo 47, fracción I, de la Constitución potosina también establece que un gobernador estaría impedido para formar parte del Congreso. Aunque la fracción XIII contempla excepciones en caso de separación del cargo para acceder a ciertos puestos, la gubernatura no es uno de ellos.
¿En qué boleta pretende aparecer si ninguna de las opciones evidentes admite su postulación? ¿Para qué ir a una campaña, además de para la obvia operación propagandística que necesitan urgentemente sus grises perfiles para la sucesión?
Con tantos impedimentos para aparecer en una boleta y regresar a su anhelada campaña, el anuncio del gobernador pareciera decantarse en dos posibilidades: es una descarada y confusa mentira o es el anuncio prematuro de una evidente transgresión a la ley.
Si bien el engaño y el abuso nunca han sido ajenos al sexenio actual, llama la atención que un gobernador como Gallardo Cardona, quien en repetidas ocasiones dijo que su modelo a seguir era el exgobernador Carlos Jonguitud, vaya a emprender una salida deshonrosa más parecida a la de Gonzalo Martínez Corbalá en 1992.
San Luis Potosí, convertido en una colección de tragedias políticas. Otra vez.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
