Abelardo Medellín Pérez
Nadie en ningún momento del sexenio creyó que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona fuera una administración interesada en promover la educación media superior y superior. Al contrario, muchos supusimos que este sería un sexenio de pasividad o agravio contra dichos niveles; y entonces pasó algo peor. El Gallardismo no solo trastocó la identidad, estructura y administración de las universidades y bachilleratos, sino que ha aprovechado cada oportunidad para desangrarlas económicamente.
Esta semana, la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, publicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que el gobierno del estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, cometió nuevas afrentas contra las instituciones educativas de la entidad.
Gallardo Cardona no pagó a tiempo ninguna, ¡ninguna!, de las transferencias de recursos estatales que debía entregar a bachilleratos y universidades. Además, en seis de los casos no entregó los recursos pactados, lo que dejó a su gobierno con una deuda de 123 millones 613 mil 395.35 pesos.
Los casos más escandalosos son el de Cobach, que acumula la deuda en términos reales más grande, con un total de 55 millones 155 mil pesos; y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICAT), que cerró el ejercicio pasado con 63.4 por ciento menos recursos de los que debía recibir por parte del estado.
Que el gobierno de Gallardo Cardona sea renuente a pagar sus obligaciones con universidades y bachilleratos no es un tema sorpresivo para nadie. Al gobernador solo le interesa el dinero y los recursos públicos que se pueden gastar en propaganda o en acciones que sirvan luego como propaganda. Invertir en la educación de los jóvenes potosinos no es algo que directamente pueda presumir. Para entenderlo de otra forma: el gobernador no ve como necesario cumplir con las obligaciones que su propio gobierno adquiere a inicios de cada año.
Lo realmente preocupante de este nuevo capítulo de indolencia oficialista es darnos cuenta de que nuestras hermanas, hermanos, primas, primos, hijas e hijos asisten a instituciones que tienen la responsabilidad de brindarles una educación de calidad, pero no tienen la capacidad de procurar los recursos necesarios para ello.
El año pasado, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, expresó en más de una ocasión la crisis financiera en la que estaba sumida la universidad como resultado de los impagos de ministraciones estatales que el gobierno de San Luis Potosí arrastró por más de 11 meses. El rector llegó incluso a sentenciar que la UASLP estaba en riesgo de cerrar operaciones a finales de año por falta de solvencia. La advertencia fue un escándalo; no movilizó más que el apuro de los universitarios, pero bastó para que el gobierno de Gallardo Cardona recibiera a las autoridades universitarias en Palacio y acordaran (aunque tarde) pagar los recursos faltantes.
Donde Gallardo Cardona y su gabinete vieron un triunfo incómodo y un rescate fue, en realidad, un punto de contraste, porque sí, la UASLP no cerró el 2025 con ministraciones faltantes… pero, según la ASF, hubo otras instituciones que sí.
La Universidad Politécnica cerró el ejercicio con un faltante de 20 millones 413 mil 466 pesos; la Universidad Tecnológica Metropolitana, uno de 2 millones 48 mil 341 pesos, y la Universidad Tecnológica de SLP, uno de 1 millón 808 mil 586 pesos.
¿Dónde están los rectores de estas instituciones, quienes deberían defender y exigir los recursos de sus centros de trabajo? La respuesta es sencilla: están en el bolsillo de Ricardo Gallardo. No importa si las instituciones que educan a los jóvenes tienen carencias, ajustes negativos o conflictos estructurales; sus directivos no pueden exigirle nada al gobernador porque, para mantener sus cargos, deben actuar como si a él le debieran todo.
Al frente de las instituciones, hoy mudas pese a la falta de recursos, tenemos exdiputados oficialistas con malas referencias, ex trabajadoras ligadas al diputado Héctor Serrano Cortés y, además, sin estudios, y ex trabajadoras de las administraciones soledenses cuando gobernó la familia Gallardo.
¿Cómo esperar que tal plantilla de directivos sumisos cobre las deudas que el gobierno tiene con sus instituciones, si la deuda política más grande es la que ellos adquirieron con Gallardo Cardona al haber aceptado sus cargos?
Y no solo tenemos la falta de posicionamientos públicos para acusar su omisión en proteger las universidades y los bachilleratos potosinos.
El pasado 4 de septiembre, fecha en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó San Luis Potosí, tuve la oportunidad de entrevistar, durante el evento, al rector de la Universidad Politécnica, Néstor Garza Álvarez. Ahí le pregunté directamente (previendo la publicación de la ASF) si la institución a su cargo había tenido problemas con las ministraciones estatales o si había algún faltante. El rector contestó que no, como quien se vanagloria de contar con recursos plenos, solvencia asegurada y apoyo irrestricto del Estado.
Falso. La Politécnica recibió 39.8 por ciento menos de lo que debía recibir. Y eso no lo admitió su rector: lo ventiló una auditoría federal. Néstor Garza cerró el 2025 con un faltante de 4 de cada 10 pesos en recursos estatales y, aun así, negó activamente tal afectación.
México tiene tres veces más adultos sin estudios de nivel medio superior que el promedio de la OCDE y, con un 22.2 por ciento de la población de entre 25 y 64 años con título universitario, estamos muy por debajo del promedio de 43 por ciento entre los países miembros de esa organización. Aun con este panorama y pese a que reconoce las exigencias de la industria y del mundo laboral, el gobierno de San Luis Potosí va a concluir su sexenio con una morosidad infame en lo que respecta a la educación media superior y superior.
A Gallardo Cardona no le importa convertirse en el enemigo público número 1 de la educación potosina, y a los directivos de las instituciones afectadas no les molesta ser conocidos como costosos floreros que cobran por asistir a eventos oficiales y no hacer ruido.
En medio de esas dos autoridades trágicas, miles de estudiantes con la pretensión de cursar un bachillerato o terminar una carrera asisten a entidades que carecen de dos cosas: recursos y la intención expresa de cobrarlos por el buen de sus alumnos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
