Desiree Madrid
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que la solicitud de los permisionarios del transporte urbano para obtener 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos del presupuesto de 2027, debe revisarse primero en el Congreso, antes de que el Gobierno del Estado fije una postura sobre la propuesta.
Gallardo añadió que, una vez que avance la discusión legislativa, su administración podrá revisar el planteamiento. Por ahora, evitó pronunciarse sobre la viabilidad de la solicitud y señaló que esperarán a conocerla para analizar en qué consiste.
La propuesta de los permisionarios plantea que el Gobierno del Estado destine 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos a distintas necesidades del transporte urbano. De ese monto, la mayor parte se utilizaría para sustituir camiones, mientras que otra proporción se destinaría a cubrir gastos de operación y pérdidas acumuladas. La petición busca que estos recursos provengan del presupuesto público, aunque el gobernador no adelantó si su administración estaría dispuesta a respaldarla.
La iniciativa también deberá pasar por la revisión de los diputados, algunos de los cuales ya expresaron reservas sobre el monto solicitado. El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, consideró elevada la cantidad y planteó que cualquier apoyo tendría que sustentarse en una evaluación de la dependencia responsable del transporte. Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, calificó la solicitud como “un tanto excesiva” y señaló que corresponderá a las comisiones analizarla.
Uno de los puntos pendientes es qué recibirían los usuarios a cambio de una eventual asignación de recursos públicos. La iniciativa no establece una reducción concreta de la tarifa, actualmente de 13.50 pesos, como condición para entregar el dinero. Gallardo tampoco señaló si el Gobierno del Estado buscaría establecer compromisos con los permisionarios en caso de que la propuesta avance.
Por ahora, el mandatario dejó la discusión en manos del Congreso y no fijó una postura sobre el monto ni sobre la posibilidad de que el Ejecutivo destine recursos a las demandas de los concesionarios. La decisión dependerá del análisis legislativo y de la revisión que, posteriormente, realicen las autoridades estatales.
