Abelardo Medellín Pérez
La iniciativa de reforma constitucional promovida este jueves por el diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, que pretende introducir una nueva causa de nulidad para comicios en el país, representa un nuevo riesgo para el sistema electoral mexicano y otorga una nueva y poderosa excusa para justificar malos resultados.
De acuerdo con el proyecto de reforma, la pretensión es adicionar un inciso D al artículo 41 constitucional que permita anular elecciones en caso de que se compruebe la existencia de intervenciones irregulares por parte de “individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Según la argumentación de la iniciativa, la propuesta responde al contexto geopolítico actual y a la persistencia de actores extranjeros interesados en interferir en elecciones latinoamericanas, situación que —afirma— desafía la voluntad de las mayorías.
El propósito y la justificación de la propuesta resultan pertinentes ante las presiones diplomáticas, económicas y discursivas que Estados Unidos ha esgrimido contra México durante los meses recientes; sin embargo, una medida precautoria adecuada en este momento podría convertirse en un escalón para hacer de las campañas digitales una excusa de obstinación ante el fracaso en las urnas.
Si bien esta iniciativa aplica actualmente para casos de intervención extranjera, no podemos ignorar que la regulación de campañas digitales puede deformarse y tentar a las autoridades, incluso locales, a culpar de cualquier ejercicio de información digital que no les convenga.
Imaginemos el escenario. Llega el 27 o el 33 y, en San Luis Potosí, el Partido Verde no solo cuenta con una ley para denunciar penalmente el uso de inteligencia artificial, sino que además tiene el referente federal para anular elecciones que no le resultaron redituables.
¿El proyecto de continuidad del Ejecutivo no estaría interesado en anular la elección por la capital, una que ha perdido durante dos periodos consecutivos? ¿No le interesaría anular una futura candidatura de oposición solo porque usa y financia las mismas campañas que utiliza el proyecto Verde? ¿Vale la pena competir con el riesgo de perder más de lo que se puede ganar y sin garantías reales de acceder a los espacios de decisión?
El politólogo Adam Przeworski define a la democracia electoral como un sistema en el que los partidos pueden perder elecciones y, sin ánimo de reduccionismo, explica que, además de perder y poder competir para recuperar lo perdido, en una democracia es necesario cumplir dos condiciones: los perdedores deben conservar incentivos para seguir participando, y los ganadores deben aceptar límites, contrapesos y la posibilidad real de alternancia.
¿Qué contrapeso o límite existe cuando incluso puede reprocharse el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Qué incentivo para participar queda cuando la excusa del intervencionismo o de las campañas digitales puede convertirse en causal para anular una elección?
Przeworski afirma, además, que en una democracia sana no puede perderse mucho ni ganarse muy poco. La sobrerregulación emprendida por grupos mayoritarios que ocupan el poder desbalancea automáticamente esa lógica. ¿Qué van a perder si pueden desconocer funcionalmente un mal resultado? ¿Qué vamos a ganar si lo que ofrecen del otro lado es tan nimio?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
