María Ruiz
La colectiva Marea Verde SLP y LGBT+ Rigths San Luis Potosí se posicionaron en contra de la asistencia y asesoría solicitada al presidente de Movimiento Viva México, Eduardo Verastegui Colunga, para el “supuesto” combate contra la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes por parte del Ayuntamiento de la capital y el Congreso del Estado.
Marea Verde señaló que el Congreso del Estado y el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, quienes firmaron un convenio con Movimiento Viva México, accionaron de manera grave, ya que esto significa un retroceso de décadas en materia de derechos humanos.
“En especifico de derechos sexuales y reproductivos, sino también las autoridades locales desoyen las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad 148/2017, 438/2020, etc., las cuales son vinculantes y fueron emitidas por la Suprema Corte de Justicia, además de ir en contra de los estándares de garantía de salud y autonomía reproductiva de las mujeres”.
Además, enfatizaron en que es necesario observar hacia dónde se destinan los recursos para combatir la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ya que existen organismos sin perfiles “provida” ni vinculados con alguna organización religiosa que realmente están especializados en el tema, encargados en investigar esta problemática y las cuales llevan las instrumentaciones adecuadas en beneficio de quienes enfrentan una vulneración a sus derechos humanos.
Por otro lado, LGBT+ Rights indicó que la reunión que mantuvo Movimiento Viva México con el Congreso del Estado y Gobierno Municipal son el ejemplo de un agenda política y social que atenta contra los derechos de la diversidad sexual y contra el desarrollo de iniciativas que buscan el bienestar de las mujeres, así como su derecho y capacidad de gestar libremente.
Asimismo, consideraron preocupante que diputados, y en su caso el alcalde capitalino, den respaldo a una organización antiderechos, conservadora y quien en muchas ocasiones se ha manifestado en contra del aborto y las familias homoparentales, por lo que solicitaron una mesa de diálogo con las dos autoridades.
“Pedimos a las autoridades que se aclaren los hechos y se establezca una mesa de diálogo y de construcción de acciones afirmativas y políticas publicas congruentes a una administración municipal que busca caracterizarse por el desarrollo de la inclusión”, apuntaron.
