Habría “algo turbio” en adquisición de patrullas de la GCE: Ciudadanos Observando

Abelardo Medellín

El hecho de que el Gobierno del Estado haya reservado hasta 2027 la información sobre la adquisición de las patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE), representa una violación al derecho de acceso a la información de los ciudadanos, afirmó Guadalupe González Covarrubias, integrante de la organización civil Ciudadanos Observando.

Este miércoles 12 de abril, Astrolabio Diario Digital reveló que la Oficialía Mayor determinó reservar hasta el último año del sexenio de Ricardo Gallardo Cardona los expedientes que contienen la información sobre la compra del parque vehicular de más de 120 unidades que se destinaron a la GCE.

Además de afirmar que esta reserva de datos viola el derecho de acceso a la información, González Covarrubias aseveró que este tipo de acciones en detrimento de la transparencia eran de esperarse en el gobierno de Gallardo Cardona.

“Tiene antecedentes históricamente opacos, siempre en resistencia a rendir cuentas y a transparentar el uso del recurso público”, afirmó.

El activista señaló que este tipo de negativas son un error y una mala señal desde el Gobierno, dado que no es procedente reservar la información que se guardó.

Además de que el hecho de que el Gobierno oculte información de interés público podría apuntar a que estas adquisiciones se hicieron mal y alertan sobre actos de corrupción.

“Cuando se hacen las cosas bien, hasta lo presumen. Una autoridad, cuando hace las cosas honestas y bien, lo que más quiere es que se sepa, porque eso legitima su buena acción, cuando lo quieren ocultar, aceptan que están haciendo algo turbio”.

De igual forma, comentó que esto dificulta y evita que la ciudadanía pueda conocer los procedimientos, costos y beneficiarios de una acción de Gobierno en la que se aplicó recurso público.

“Aquí lo que hay que hacer es acudir a todas las instancias posibles para luchar en favor de la transparencia”, dijo González Covarrubias, quien señaló que será necesario promover quejas ante la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y ante sus homólogos federales.

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