Maria Ruiz
La comisión de faltas administrativas en el municipio es mayoritariamente masculina, ya que alrededor del 96 por ciento de las infracciones corresponden a hombres, de acuerdo con los registros mensuales de Justicia Municipal, donde se reportan entre dos y cinco mujeres por mes frente a hasta 90 hombres. Además, la reincidencia muestra una tendencia a la baja gracias al modelo de justicia cívica y trabajo comunitario, informó Manuel Corte Tapia, titular de la Dirección General de Justicia Municipal.
De acuerdo con el funcionario, la participación de mujeres en este tipo de infracciones es mínima en comparación con los hombres.
“La incidencia por parte de las mujeres es muy baja; llegamos a tener de dos a cinco mujeres en todo un mes, mientras que en hombres el número puede alcanzar hasta 90”, precisó.
Corte Tapia explicó que la mayoría de las faltas están relacionadas con conductas que afectan la convivencia armónica, principalmente el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, sobre todo en ciertas temporadas del año.
“Son conductas que no necesariamente requieren un enfoque punitivo, sino una intervención que permita corregirlas sin criminalizar”, afirmó.
En ese sentido, destacó que el municipio ha logrado reducir la reincidencia en aproximadamente un nueve por ciento durante el último año, resultado de un modelo que privilegia la reeducación sobre la sanción.
“No buscamos prejuzgar ni castigar por castigar; la idea es reconducir conductas y evitar que las personas vuelvan a cometer la misma falta”, señaló.
El titular de Justicia Municipal indicó que, como alternativa al arresto, se impulsa el trabajo en favor de la comunidad, previa evaluación de las personas infractoras.
“Se les aplica un tamizaje psicológico, médico y de trabajo social para determinar si son aptas para colaborar; es una medida reconductiva, no sancionadora”, explicó.
Actualmente, detalló, entre 15 y 30 personas participan cada fin de semana en actividades comunitarias, lo que ha permitido evitar arrestos de hasta 36 o 46 horas previstos en la normatividad vigente.
“Este modelo nos ayuda a reconstruir el tejido social y a generar mayor conciencia sobre las conductas que afectan a la comunidad”, concluyó.
