Fernanda Durán
El Congreso del Estado podría discutir en próximas semanas una iniciativa para reconocer el derecho al cuidado en la Constitución local, con la que San Luis Potosí se sumaría a Ciudad de México y Aguascalientes como las únicas entidades con este tipo de disposición.
La propuesta ha sido impulsada por el colectivo Cuidadoras Potosinas, en colaboración con el diputado local Marco Gama Basarte y el respaldo de la diputada federal Patricia Mercado, quien este jueves participó en un encuentro con personas cuidadoras y activistas.
Durante su intervención, Mercado explicó que el objetivo es establecer este derecho como un compromiso constitucional, que permita estructurar un sistema estatal de cuidados con responsabilidad pública.
Sostuvo que el trabajo de cuidados —históricamente ejercido por mujeres sin remuneración ni reconocimiento— debe dejar de considerarse una obligación privada y asumirse como una función compartida entre Estado, comunidades, familias e instituciones.
“El cuidado no puede seguir descansando en el tiempo y en la vida de las mujeres sin ninguna garantía. Si se reconoce como derecho, se puede exigir y judicializar”, afirmó, al recordar que esta reforma permanece detenida en el Senado a nivel federal desde 2021, a pesar de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados.
En el encuentro también participaron cuidadoras que denunciaron la persistencia de obstáculos legales e institucionales para acceder a condiciones laborales compatibles con sus responsabilidades.
Mariana Noriega Hernández, representante del colectivo Cuidadoras Potosinas, señaló que, incluso con sentencias favorables en materia laboral y de salud, los ajustes razonables para cuidadoras no se acatan en la práctica.
“Hay resoluciones judiciales que reconocen nuestro derecho a horarios reducidos o reubicaciones laborales y, aun así, instituciones como el IMSS se niegan a cumplirlas. Eso también es violencia institucional”.
Agregó que dos de las iniciativas presentadas desde la legislatura pasada —el reconocimiento constitucional al derecho al cuidado y la incorporación temprana de deudores alimentarios al padrón estatal— no requerían presupuesto, pero fueron bloqueadas presuntamente por razones políticas.
Patria Jiménez, exdiputada federal y activista feminista, advirtió que la invisibilidad del trabajo de cuidados obedece a que ocurre dentro del hogar, sin condiciones de profesionalización ni valoración económica.
“Es un trabajo que aporta al producto interno bruto, pero no se contabiliza. Se ha sostenido por amor, pero también a costa de la salud y el futuro de las cuidadoras”, expresó.
En contraste con la narrativa oficial que plantea la creación de un sistema nacional de cuidados, las participantes coincidieron en que los recortes a programas como estancias infantiles, escuelas de tiempo completo o comedores comunitarios han agravado las condiciones de quienes cuidan.
Subrayaron que mientras no se reviertan estos recortes, resulta contradictorio plantear nuevos compromisos sin garantizar recursos.
Finalmente, Patricia Mercado mencionó que una posible vía para implementar servicios de cuidado sería a través de cooperativas o empresas sociales subsidiadas por el Estado, aclarando que los cuidados no son un negocio y que su garantía implicará inversión pública y un rediseño institucional que incluya la profesionalización del personal y la certificación de competencias.
Hasta el momento, la iniciativa se mantiene sin fecha para votación en el Pleno del Congreso del Estado, a pesar de haber sido discutida en comisiones desde la legislatura pasada.
Activistas advirtieron que, de continuar la omisión, buscarán vías legales a nivel federal para denunciar la falta de cumplimiento del derecho a una vida digna para quienes cuidan y quienes requieren cuidados.
