Eduardo Delgado
Luego de que el pasado lunes acusó al presidente magistrado, Juan Paulo Almazán Cue, de hostigamiento, persecución y violencia institucional, el juez Juan Fernando Salazar Hernández teme volver a ser oprimido por éste, manifestó en denuncia cuya copia hizo llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Salazar Hernández, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tancanhuitz, presentó el escrito ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el cual expuso su caso y advirtió que, sumado al de otros compañeros, se confirma que no es un hecho aislado.
“Tengo el temor fundado de que, a partir de la presentación de la presente denuncia, se realicen actos de represalia en mi contra por parte de quien me quejo, y de que me quiera causar más perjuicio aprovechando la próxima visita de inspección al Juzgado a mi cargo”, advierte en alusión a inspección a realizarse la siguiente semana.
En el oficio, precisó que ha sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales “por parte del Magistrado Presidente Juan Paulo Almazán Cue”, luego de que durante 21 años de desempeño como funcionario judicial “nunca he sido sancionado”.
El 1 de abril del año en curso, narró, solicitó permiso al Consejo de la Judicatura para ausentarse de sus labores los tres últimos días de ese mes y el magistrado presidente se lo negó con el argumento de que “el juzgado a mi cargo sería sometido a una visita ordinaria (de inspección) del 27 al 31 de mayo”. Tras pedir la reconsideración, la negativa le fue reiterada.
Como parte del hostigamiento, en marzo “recibí llamadas” del secretario particular de Almazán Cue, “en donde se me daba la orden de que, al encontrarse próxima la elección de presidente de la Asociación de Jueces, debería de votar por el candidato a tal aspiración Lic. Carlos Díaz Flores”, añadió.
“A lo que respondí que no era posible materializar la imposición que me indicaba, puesto que yo apoyaba y aparecía en la planilla del diverso candidato Julián Ruiz Contreras”, expuso.
En consecuencia, escribió: “He venido sufriendo diversas represalias arbitrarias, arremetiendo de manera furiosa en mi contra, como lo es el cambio de adscripción a Tancanhuitz”. Ello, subrayó, sin tomarse criterios objetivos, “lo que demuestra arbitrariedad”, en actos “donde se deja ver el dolo y mala fe” del magistrado presidente.
Los cambios de adscripción, refirió, son una “práctica y amenaza muy frecuente para con los jueces cuando alguien no realiza o no se somete a su autoritaria voluntad”.
Además, en su caso, como parte de la persecución, todas las mañanas, a través de la Visitaduría del Consejo de la Judicatura, recibe llamadas telefónicas “para darse cuenta de la hora en que arribo a mis labores”.
Tras sustentar que la inspección en el juzgado puede realizarse en su ausencia, que tiene derecho a solicitar permisos y que su labor de juez es durante las 24 horas los 364 días del año, el juez Salazar Hernández sostiene:
“Por todo lo anterior, resulta por demás evidente el ánimo doloso, hostigador y perverso por medio del cual se conduce el Magistrado Presidente y solamente quien no quiera ver dicha animadversión hacia mi persona, no la verá”.
Casi para finalizar, solicitó la intervención del Pleno del Supremo Tribunal en aras de que “cesen” todos los actos en su contra. “Ya es tiempo de su intervención como órgano colegiado, pues la presente denuncia de este tipo de actos se suma a las múltiples que ya existen”.
En cuyo caso alude a las interpuestas antes por Adriana Monter Gurrero, con estatus de magistrada, y los jueces Julián Ruiz Contreras, Javier Pérez Contreras y Emilio Agustín Ortiz Monroy, “observándose así, que lo que sucede al interior del Poder Judicial del Estado ya no es un hecho aislado”, acotó.
La denuncia la remitió al Pleno del Poder Judicial del Estado con copia al Congreso del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos y al presidente de México.
A continuación, documento que el juez Salazar Hernández envió al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
Posteriormente, se dio a conocer que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado recibió el documento, dejando constancia con las firmas y sellos correspondientes.
