Por Victoriano Martínez
Cuando en este 24 de mayo se pudo haber registrado el primer caso de una disculpa pública a víctimas en el Estado, la Jornada Nacional de Sana Distancia se interpuso y, aunque las autoridades ya habían aceptado realizarlo en Laguna de San Vicente, el acto debió posponerse.
Se trataba de la disculpa pública a los padres y familiares de Jair, un joven de 15 años de edad, asesinado el 24 de mayo de 2015 durante los festejos patronales de la comunidad, lo que bien pudo evitarse si las autoridades no hubieran sido omisas a la solicitud de enviar vigilancia
En lugar del acto que habría sentado un precedente en la atención a las víctimas, el destino pareció tener prevista otra cosa: nuevamente la omisión de la autoridad al no mantener la vigilancia en la comunidad dio pie a que se diera un enfrentamiento entre dos familias con viejas rencillas que terminó en el levantón de dos hombres, de 15 y 22 años de edad.
Tras ser levantados el pasado domingo, este lunes aparecieron los cuerpos de dos hombres sin vida en las cercanías de la comunidad.
En la comunidad se habla de una nueva tragedia, pero sobre todo de la lamentable coincidencia en la fecha de la anterior tragedia.
Pero esa no es la única coincidencia, sino que los hechos de violencia pudieron darse en la magnitud en que ocurrieron por la ausencia de vigilancia policíaca.
Si en 2015 la omisión fue por la falta de atención a una solicitud de la comunidad para que se enviara vigilancia a sus festejos, en 2020 ya no es una omisión, sino el incumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito: las autoridades incumplieron con la garantía de no repetición.
Si bien la Fundación Jair considera aún incumplida la sentencia porque no se ha reparado el daño de la víctima directa, hoy se agrega una situación más que muestra que las autoridades responsables no han dado cumplimiento cabal a la sentencia.
Lejos de una declaratoria de cumplimiento de la sentencia por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el Caso Jair, tendría que llamarse a cuentas a las autoridades responsables, que debieron ser coordinadas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por el incumplimiento y definir si deben ser sancionadas.
Cuando parecía que el Caso Jair enderezaba un poco –a golpe de 13 amparos en cuatro años– la atención a víctimas en el Estado la realidad vuelve a exponer las omisiones de las autoridades, en lo que resulta el camino tortuoso de las víctimas para lograr una reparación integral del daño.
