Estela Ambriz Delgado
La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) considera que, si bien el anuncio del gobierno federal sobre no ejecutar el fracking en la región es un avance importante, se requiere un decreto que garantice su aplicabilidad, por lo que las comunidades indígenas y organizaciones civiles continuarán con la lucha para su prohibición constitucional y la protección del territorio.
La organización considera que, el anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el comité científico que realizó un análisis en torno a la aplicación del fracking, el cual concluye que se aplicará en la cuenca Tampico-Misantla (que incluye la Huasteca Potosina), es un avance parcial respecto a los objetivos del movimiento,
Ahora esperan que este anuncio se transforme en decreto que garantice su aplicabilidad jurídica en la protección del medio ambiente y en el ejercicio de los derechos humanos y colectivos de la población y pueblos y comunidades indígenas.
En este sentido, recordaron que aún queda pendiente la prohibición de la técnica en todo el territorio nacional a través de una reforma constitucional, por lo que exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a acelerar el debate y dictamen de la iniciativa de Reforma del Artículo 27 publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 de noviembre de 2025, cuyo contenido retoma la propuesta enviada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La CAAHP señala que desde un punto de vista ético, reconocer los daños socio-ambientales que provoca la fracturación hidráulica debe implicar su prohibición para garantizar la protección los diversos ecosistemas y la salud de las poblaciones en el país.
Indica que las cuencas Sabinas y Burro Picachos, que involucran porciones territoriales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en las que se pretende pilotear a condición de que se use agua salada que no tenga conexión con acuíferos someros, abarcan 27,593 kilómetros cuadrados, en las que se asienta una población de 1.3 millones de personas, así como el pueblo indígena kikapú, cuyos derechos, salud y ecosistemas también deben ser respetados.
En cuanto a lo mencionado sobre el uso de energías renovables, critican que la meta expresada de llegar a un 38 por ciento de uso de renovales es insuficiente frente a los impactos del cambio climático, y no se observa un giro significativo en la matriz energética basada en los combustibles fósiles, que tienen fecha de caducidad y por lo tanto no generarían verdadera soberanía.
De igual forma la Contraloría expresa que, considerar el piloteo de la fracturación hidráulica en el noreste de México significa dejar la puerta abierta a que este se extienda a otras partes del país, con beneficios económicos únicamente para las empresas que cuentan con la tecnología y cuentan con capitales para ello, como son las de origen extranjero.
Por ello, estiman que aún queda pendiente un giro transformador en la política energética hacia otras alternativas renovables. Además de que subrayan, el avance que debe ser coronado por una figura jurídica que garantice que la devastadora técnica no se aplique en la región.
“Pero es pertinente recordar que la exigencia social es la no aplicación del fracking, en yacimientos convencionales y no convencionales, ni cualquier otro método de extracción de gas y petróleo o infraestructura asociada que sean lesivos de los derechos humanos y del medio ambiente y del territorio”.
Por ello, continuarán con el levantamiento de actas de asamblea comunitarias y actas de cabildo de no autorización de cambio de uso del suelo, así como de realización de foros regionales de toma de acuerdos para la protección del territorio, el agua y la vida.
“Seguiremos apoyando y organizando junto con toda la población de los demás estados y cuencas para que ningún estado sea zona de sacrificio y para lograr una política energética sustentable. Seguiremos exigiendo a los legisladores que cumplan su función como representantes populares para que se prohíba el fracking en todo el territorio nacional”.
Las asambleas comunitarias continuaran hasta alcanzar el cien por ciento de las 367 comunidades incluidas en los polígonos de afectación; así como el impulso de sesiones de cabildo. Hasta hoy 15 municipios se han pronunciado en rechazo al fracking y por no autorizar cambio de uso del suelo. Sólo faltan San Vicente Tancuayalab y Tampacán, para cubrir la totalidad de los 17 municipios de la Huasteca Potosina con porciones territoriales incluidos en dichos polígonos.
