Por Victoriano Martínez

Se tardó la reacción desde el Gobierno Federal, pero ahora que llegó al escritorio de la Presidencia Municipal, es de esperarse que finalmente se entienda que los programas de desarrollo urbano están mucho más allá de atender compromisos con empresarios inmobiliarios que alegan ficticias crisis en la industria de la construcción, y que lo que debe prevalecer es el derecho a la ciudad.

La omisión del IMPLAN, del Cabildo y, en su momento, de Xavier Nava Palacios como alcalde, de atender, en el proceso para elaborar los programas de desarrollo urbano, las disposiciones de las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) quedó en evidencia.

“Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica”, dice el artículo 45 de la LGAHOTDU.

El artículo 23 de la LGEEPA establece en diez fracciones las condiciones que deben cumplirse “para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos”.

De haber atendido desde un principio tan sólo esas dos disposiciones, no habría existido la necesidad de que, ante el riesgo inminente de la aprobación de los programas, la SEMARNAT requiera al Ayuntamiento que previamente “solicite opinión formal a las instancias rectoras en materia de desarrollo urbano y ambiental tanto estatales como federales”.

Lamentable que, lejos de reconocer la omisión, Alfredo Lujambio Cataño, alcalde interino, emita un comunicado de última hora en el que afirma que los programas se elaboraron “con la participación de todos los sectores involucrados”, cuando justamente lo que se le señala es que dejaron fuera a las instancias rectoras estatales y federales, que por ley deberían tomar en cuenta.

Peor: que en su comunicado le advierta a la Federación que “le damos desde ahora la bienvenida a sus aportaciones, las cuales deberá realizar en el marco de legalidad y respeto a las competencias de cada orden de gobierno, y serán siempre tomadas en cuenta”, cuando el Ayuntamiento ignoró disposiciones legales que lo obligaban a tomar en cuenta a la autoridad federal… y a la estatal.

“El Vocero (de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas) habla de una zona de reserva que legalmente no está decretada como tal. La protección del Gobierno Federal a la Sierra de San Miguelito forma parte de un procedimiento legal que el mismo gobierno no ha llevado a cabo”, justifica Lujambio Cataño la autorización de zonas urbanizables de depredación inmobiliaria en la Sierra.

Un claro intento fallido de lavarse las manos con una inexistente omisión del gobierno federal porque “no ha llevado a cabo” la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP), cuando lo que le solicitaron es “no realizar procedimientos o modificaciones (en la Sierra de San Miguelito) por encontrarse en proceso de ser declarada ANP”.

Una condicionante que las autoridades municipales contemplaron en la convocatoria a la consulta pública sobre los programas, pero que al final hicieron a un lado porque, o bien por las presiones de los depredadores inmobiliarios, o porque fue una simulación desde el principio y ya existían los compromisos con los empresarios.

“…lo único cierto es qué en los últimos 17 años el crecimiento de San Luis Potosí́ ha estado sometido a la anarquía y el contentillo”, insistió Lujambio Cataño en su urgencia por aprobar los programas, sin aclarar al contentillo de quién, posiblemente porque lo ha sido al de los depredadores inmobiliarios que se beneficiarían con la aprobación de los documento como están.

Una anarquía y un contentillo que ha sido más bien producto de una confabulación de autoridades con desarrolladores inmobiliarios para ignorar el programa de desarrollo urbano vigente desde 2003, que declara Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga a la Sierra de San Miguelito, y en sus propuestas pretenden anular, en una clara violación constitucional.

Tarde, pero a tiempo, la reacción del Gobierno Federal no parece haber logrado que se entienda que los programas de desarrollo urbano están mucho más allá de atender compromisos con empresarios inmobiliarios, sobre todo tras la postura del alcalde interino, que presagia la continuación de la confrontación dentro del Cabildo y los intentos por violar suspensiones de amparos.

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A continuación se reproduce íntegro el comunicado de última hora que envió el alcalde interino:

“SIEMPRE SERÁ BIENVENIDAS LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL A PROGRAMAS DE PLANEACIÓN URBANA”: A. LUJAMBIO

–       Aportaciones del Gobierno Federal deberán realizarse en un marco de legalidad y respeto a las competencias de cada orden de Gobierno.

Sobre el comunicado emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como el comentario emitido por el vocero del Gobierno Federal, Jesús Ramírez Cuevas, en su cuenta de twitter la tarde de este viernes, les compartimos el siguiente posicionamiento:

El Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de San Luis Potosí́, Alfredo Lujambio Cataño, precisó que por encima de cualquier interés particular, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, S. L. P., así́ como el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí́, S. L. P., atiende a una planificación general, transparente y de cara a la ciudadanía con la participación de todos los sectores involucrados.

Las zonas de reserva sobre las que habla el vocero, y sobre las que existen decretos de protección, están desde luego intocadas, si se refiere a zonas futuras, le damos desde ahora la bienvenida a sus aportaciones, las cuales deberá realizar en el marco de legalidad y respeto a las competencias de cada orden de gobierno, y serán siempre tomadas en cuenta.

En este sentido, destacó que el Ayuntamiento continuará con los trabajos de planeación urbana en estricto apego a los lineamientos que marcan la Ley General de Aplicación Nacional y la Ley en el Estado, que obligan a realizar la actualización de la planeación urbana en favor de la ciudadanía, en la cual existe un retraso importante.

Enfatizó que la actualización de dichos programas, favorecen la disminución en los costos de la vivienda, mejoran la calidad de vida en vivienda económica, garantizan una cobertura de derechos humanos en la planeación urbana y mejoran las condiciones de movilidad y competitividad de la ciudad.

Puntualizó que el Vocero del Gobierno Federal no está́ considerando en su opinión estas condiciones que le urgen a la ciudad.

“El Vocero habla de una zona de reserva que legalmente no está decretada como tal. La protección del Gobierno Federal a la Sierra de San Miguelito forma parte de un procedimiento legal que el mismo gobierno no ha llevado a cabo”.

Por lo que actualmente no existe una delimitación precisa, correcta y legal de la Sierra de San Miguelito, es decir, dónde empieza y dónde acaba.

Finalmente, subrayó que lo único cierto es qué en los últimos 17 años el crecimiento de San Luis Potosí́ ha estado sometido a la anarquía y el contentillo. Y con los nuevos instrumentos que se han abierto al análisis y revisión por cada uno de los sectores involucrados y de la sociedad en general, se están sentando las bases para un crecimiento ordenado, sustentable, y responsable.

Por lo anterior, le reiteramos al Gobierno Federal la invitación a que participen de este proceso de diálogo que recoja las inquietudes y compromisos de cada actor con miras a lograr un gran acuerdo social para el desarrollo urbano de esta ciudad Capital.