Por Victoriano Martínez

Con la presentación de un extenso estudio sobre la Sierra de San Miguelito en un foro virtual a través de Facebook, los grupos que promueven su defensa muestran el alto contraste entre el argumento de que se puede urbanizar porque “sólo hay un árbol por cada cuatro hectáreas”, contra el hallazgo de más de mil 300 especies en esa zona, además de los servicios ecológicos que presta para la viabilidad de la ciudad.

En el Foro Ambiental por la Sierra de San Miguelito, celebrado la tarde de este viernes 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, se registraron tres posturas:

Una que definió la propuesta del polígono que debe ser incluido en el Área Natural Protegida (87 mil 261 hectáreas) de acuerdo a los resultados de un amplio estudio que expone a detalle esa definición del área y las distintas zonas de protección a su interior, para establecer la forma de administrar la ANP (vea el documento completo AQUÍ).

Entre las conclusiones del estudio, encabezado por Pedro Nájera, se encontró que la Sierra de San Miguelito “representa una fuente vital de servicios ambientales y socioeconómicos para la zona metropolitana de San Luis Potosí”, y que “éstos servicios quedan evidenciados principalmente por la captación de agua, de carbono y la regulación del clima”.

“No se pierde la propiedad privada ni la propiedad ejidal, siguen siendo dueños los que eran dueños de esas tierras, lo único que se limita es el cambio de uso de suelo, el mal aprovechamiento de los recursos naturales”, explicó Nájera.

La segunda postura considera que la protección a la Sierra de San Miguelito, antes que ser un problema de la definición del polígono, lo es de un ejercicio de gobierno territorial en el que, no obstante, se reconoce que debe tener fronteras.

Platea como cuestión el tipo de ciudad que se pretende construir y se pronuncia por privilegiar la postura de quienes habitan ese territorio.

“Si uno originalmente plantea cuál es lo mejor para algo tan etéreo como la biodiversidad y no toma en cuenta a la población que habita ahí y que tiene además interés legal sobre el tema, yo creo que podríamos estar equivocando un poquito el camino”, advirtió Francisco Peña, investigador de El Colegio de San Luis.

Enseguida abrió la posibilidad de que no fuera necesario que se protegiera la Sierra de San Miguelito de manera continua, “quizás podría ser muy amplia, pero no podría ser continua”, dijo Peña en una postura que bien podrían celebrarle los desarrolladores inmobiliarios para incrustar sus proyectos depredadores en la discontinuidad propuesta.

La tercera postura tuvo la intención de una perspectiva ciudadana de quien habita esta ciudad: lo que le pase a la Sierra nos va a afectar a todos. Lo que ya le ha pasado a la Sierra ya nos ha afectado, y ahí están las inundaciones que cada vez podrían ser mayores y de consecuencias más graves.

“Ha habido un trato despreciable hacia las rocas, hacia los pastos, hacia los arbustos, como si fueran algo que no vale la pena, hacia las pequeñas especies que habitan en la Cañada del Lobo, como si fueran especies que no tienen significancia alguna dentro de la estructura del ecosistema”, lamentó José Miramontes Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí quien participó con su carácter de ciudadano.

Fue la forma en que describió la importancia del ecosistema que representa la Sierra de San Miguelito en contraste con el menosprecio de quienes argumentan que se puede urbanizar porque sólo hay un árbol cada cuatro hectáreas, con un alto relieve adicional:

Están en juego los intereses de los habitantes de la Sierra y actuales propietarios, los intereses de quienes quieren tomar esa zona como propiedad y explotarla sin importar el daño ecológico, y los intereses de quienes abajo habitan la ciudad y tendrían que padecer las afectaciones hídricas, de falta de control de la contaminación y de la regulación del clima.

Mientras por distintos frentes la Sierra de San Miguelito padece ya los embates de la depredación inmobiliaria, en su defensa surgen argumentos sólidos que aportan al debate abierto hace un año, el 24 de mayo de 2019, para que las autoridades federales decreten la cada vez más urgente protección, antes de que los daños de difícil reparación avancen más.