Por Victoriano Martínez
Si la Secretaría General de Gobierno, con Alejandro Leal Tovías a la cabeza, hizo peripecias para imponer a Jorge Vega Arroyo como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en 2020, hoy el entonces impuesto hace mancuerna con José Guadalupe Torres Sánchez para maniobrar de manera inverosímil para colocar a un incondicional en ese organismo.
En la sesión del Congreso del Estado del 7 de abril se turnó a la Comisión de Gobernación la terna enviada por el Ejecutivo para seleccionar al sucesor de Vega Arroyo, quien renunció al cargo para incorporarse como subsecretario con Torres Sánchez, titular de la Secretaría de Gobierno.
La terna enviada la integran Miguel Ángel García Amaro, encargado del despacho en la CEEAV a quien las víctimas acusan de mantenerse a las órdenes de Vega Arroyo; Erika Betzabé Martínez Ledezma, actual directora jurídica del CEEAV. Ambos son cuestionados por víctimas que se han visto afectadas por sus actuaciones, lo que ya han reportado al Congreso del Estado,
Francisco de Jesús García Ayala, el tercero en la terna, es actualmente director de Promoción y Desarrollo de la Delegación Federal del Trabajo y su antecedente relacionado con la CEEAV data de 2015, cuando se le consideró que sería impuesto en esa comisión con el apoyo de la entonces diputada electa Martha Orta Rodríguez, hoy regidora en la capital.
Una terna que parece que comenzará a desintegrarse en la Comisión de Gobernación si toman en cuenta, no sólo las quejas de las víctimas, sino algunas determinaciones de autoridades como la Contraloría General del Estado y hasta jueces federales.
Desde el 11 de abril se dio la primera protesta. Víctimas de la Noria de San José afectadas por las determinaciones de la CEEAV advirtieron por escrito al Congreso del Estado sobre el antecedente de una sanción de la Contraloría Estatal en contra de Martínez Ledezma que podría terminar en su inhabilitación para ocupar cargos, por lo que no reúne los requisitos para ser seleccionada.
La difusión en medios de ese señalamiento provocó la reacción de Torres Sánchez y Vega Arroyo para tratar de descalificar la acusación. Marco Polo Méndez Alonso, como presidente de la Asociación Potosina de Abogados, emitió un comunicado en el que acusa a la prensa de atacar a Martínez Ledezma y le manifiesta su apoyo.
“Manifestamos una rotunda desaprobación a la violencia política de género que diversos medios de comunicación han emitido, publicando información falsa, faltando a su deber periodístico de informar con la verdad, situación que ha vulnerado en perjuicio de la citada profesionista su libre derecho a participar en condiciones de igualdad en el proceso de elección para la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas” dice el comunicado.
De lo que se ha informado es de una acusación por parte de un grupo de víctimas cuyos señalamientos contra Martínez Ledezma no los hacen por su condición de mujer, sino por el incumplimiento de sus funciones, que la tiene bajo procedimientos sancionatorios, cuyos números fueron señalados en el escrito de las víctimas, tres mujeres y dos hombres.
Una inverosímil acusación de violencia política de género que, con razón, le genera la siguiente duda a la representante de las víctimas que presentaron el escrito, Griselda Haro Dávila: “Hay una resolución de la Contraloría, no es algo que yo esté inventando. ¿Entonces la violencia es para las víctimas que nos atrevemos a denunciar a los funcionarios incapaces, ineptos o corruptos?”.
Haro Dávila dijo que cuenta con información e imágenes que muestran la forma en que Vega Arroyo, torres Sánchez y el subsecretario de Derechos Humanos, Ángel Santiago, intervinieron para incorporar a Martínez Ledezma como integrante de la planilla que hoy preside la asociación de abogados con votos de abogados que acarrearon de la CEEAV y sus oficinas foráneas.
El caso de Martínez Ledezma ya fue turnado a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado para analizar si continúa en la terna. Es muy probable que en la sesión de hoy se turne a la misma comisión otro escrito similar, ahora en contra de García Amaro, presentado el lunes por María de Jesús Almendárez Prieto, Mary Chuy.
Además del señalamiento de mantenerse aún a las órdenes del hoy funcionario estatal y las acusaciones de Mary Chuy, García Amaro enfrenta un requerimiento del Juzgado Octavo de Distrito por incumplir medidas de no repetición en un caso de violaciones a derechos humanos, heredado por Vega Arroyo.
Adicional, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito le concedió a las víctimas de Noria de San José un amparo contra determinaciones de la CEEAV que involucran tanto a García Amaro como a Martínez Ledezma por una resolución de agosto de 2020, cuando Vega Arroyo –quien se caracterizó por litigar contra las víctimas– todavía era el titular.
Una serie de antecedentes de los integrantes de la terna propuesta para elegir al Comisionado Ejecutivo de la CEEAV y resoluciones de autoridades de fiscalización y judiciales, más las que se acumulen, que de la Secretaría de Gobierno requerirá maniobras más que inverosímiles para imponer a quien pretenden colocar en ese cargo.
De no tener contemplado el retiro total de la terna, podrían decantarse por el aparentemente menos cuestionado, García Ayala, así después de su intento anterior para formar parte de la CEEAV se haya perfilado en temas poco relacionados con atención a víctimas.
