Las omisiones de una app de servicios

Por Victoriano Martínez

Por segunda vez, el área de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de San Luis Potosí exhibe las bondades que pueden tener las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para avanzar en un gobierno electrónico, pero a la vez la nula vocación que quienes lo encabezan tiene por innovar en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia.

Si algo no puede faltar en la forma en que se auto define el actual gobierno municipal es decir que son una administración transparente, pero se trata de una expresión que se apega a lo políticamente correcto, porque si de atender las obligaciones que establecen las leyes de transparencia se trata, se recurre a una interpretación restrictiva que incluso recicla decisiones de trienios anteriores.

El lunes 14 de septiembre, el Ayuntamiento lanzó la plataforma Visor Urbano, que es un mapa interactivo que permite acceder a información sobre seis grandes áreas de la administración municipal, desglosada en distintos servicios y obras, con detalles sobre el estatus de los procedimientos de los primeros y los avances, costos y beneficiarios sobre las segundas.

Aquella primera acción del área de Innovación Tecnológica despertó la esperanza de que la administración municipal ampliaría las posibilidades de acceso a la información pública sobre su gestión, pero montaron datos con características que limitan su utilidad al no responder a las leyes de transparencia y, por tanto, no dar acceso a datos abiertos.

Una semana después se le incorporó al Visor Urbano un ícono de acceso presuntamente a la información de la base de datos, aunque se limitó sólo a dos de los seis apartados: Comercio y Atención ciudadana. Al consultarlo este jueves, ese acceso sólo presentó los datos de Comercio. En septiembre se presentaban datos incompletos, y ahora aparece con menos información.

El Visor Urbano se aprecia mejor en computadoras de escritorio. Por eso el lanzamiento de una app para IOS y Android representa la segunda ocasión en la que el área de Innovación Tecnológica exhibe las bondades de las TIC, pero queda claro que no existe coordinación con las áreas responsables de promover la transparencia, ni desde el Cabildo ni desde la estructura administrativa.

De los siete módulos que componen la aplicación, sólo el correspondiente a Atención Ciudadana favorece la participación de la población en la resolución de problemas comunes, de los otros seis tres tienen que ver con obligaciones que la ciudadanía debe cumplir para con el Ayuntamiento y tres más con servicios informativos que se acercan mucho a fines promocionales.

Las leyes de transparencia promueven que los entes públicos como el Ayuntamiento procuren incorporar todo lo que facilite el derecho de acceso a la información pública. En la medida en que más atiendan esa disposición, las autoridades demuestran una mayor convicción por hacer valer el derecho de acceso a la información pública y la transparencia.

La capacidad de promocionar la cultura y el turismo, y de incorporar los videos de las sesiones y otros eventos da cuenta de que es posible aprovechar la app para ampliar una vía de acceso a la información que la administración municipal está obligada por la ley de transparencia a difundir de oficio. Incorporar un módulo así daría cuenta de una vocación por la transparencia capaz de innovar.

La app permite que la población pueda hacer llegar reportes sobre fallas en los diversos servicios y darles seguimiento. ¿Por qué no incorporar la posibilidad de presentar solicitudes de información pública? Atenderlas es un servicio más de la autoridad municipal que además responde a dar vigencia al ejercicio de un derecho humano como el de acceso a la información pública.

Difundir de oficio información pública y atender solicitudes de información son dos grandes ausencias en la app que no pueden explicarse más que como la inexistencia de una cultura de transparencia en quienes encabezan la administración, al grado de que aún son incapaces de reconocerlas como parte del servicio público que están obligados a prestar.

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