Llamada “Ley Barbosa”, vigente en SLP desde el 15 de mayo

Eduardo Delgado

Con la disposición de la Ley de Educación aprobada en Puebla que causa polémica por imponer que muebles e inmuebles de escuelas privadas “pasan a formar parte del Sistema Educativo Estatal”, esa norma cumple este viernes dos semanas en vigencia en San Luis Potosí.

Este miércoles por la tarde, en reunión realizada en el Centro Potosino de Convenciones, directivos de instituciones particulares le externaron al gobernador, Juan Manuel Carreras López, sus inquietudes al respecto. El mandatario les garantizó que “aquí no va a pasar nada”, comentaron participantes, quienes solicitaron el anonimato. 

El pasado 14 de mayo, con 21 votos a favor y seis en contra (de los diputados panistas) la nueva ley fue aprobada en el Congreso del Estado y también ese día apareció publicada en el Periódico Oficial del Estado, de modo que desde el siguiente es válida en la entidad. 

El primer párrafo del artículo 94 dicta: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Igual establece la Ley de Educación de Puebla en el artículo 105, lo cual ha generado controversia política en el ámbito nacional. En tanto, la Ley General de Educación, aprobada por legisladores federales, decreta en su artículo 99 que los muebles e inmuebles “forman parte del Sistema Educativo Nacional”.

La norma general fue aprobada en la Cámara de Diputados el 19 de setiembre de 2019, y en ella se fijó como plazo el 15 de mayo de este año para que las legislaturas de los estados armonizaran sus leyes con aquella.

En San Luis Potosí la iniciativa fue presentada el pasado 30 de abril por diputados de siete de los diez partidos políticos con representantes en la LXII Legislatura: María del Consuelo Carmona Salas (Morena); Martha Barajas García (PNA); Mario Lárraga Delgado (PES); Pedro César Carrizales Becerra (PT); Eugenio Guadalupe Govea Arcos (MC); Cándido Ochoa Rojas (PVEM) y Ricardo Villarreal Loo (PAN).

Sobre el tema, la persona que ofreció detalles sobre el encuentro dijo haberlo consultado con algunos diputados locales (cuyas identidades se reservó), quienes le confirmaron haberse obligados a su aprobación de manera urgente.

USTEDES NO SE PREOCUPEN: CARRERAS

De la reunión celebrada este miércoles, otro de los convocados relató que el mandatario pidió a representantes de instituciones particulares no inquietarse. “Les aseguró que él no hará nada que vaya contra la Constitución ni de sus intereses”, añadió.

Comentó que el jefe del Ejecutivo precisó haber acudido con la intención de platicar acerca de la probable reanudación de clases presenciales, sin embargo se mostró dispuesto a atender sus dudas, originadas por las nuevas ordenanzas en materia educativa.

En ese tenor, añadió, Carreras López les ofreció tomar en cuenta “sus puntos de vista”, para luego revisar y modificarla o, en su defecto, “hacerle los cambios que ustedes quieran”, en las disposiciones reglamentarias, les precisó. 

“Mejor hablemos del posible regreso a clases”, en particular de las medidas y lineamientos a seguir en caso del retorno a clases presenciales y de cómo concluir el ciclo 2019-2020 e iniciar el siguiente, les propuso.   

De la intervención del legislador Martín Juárez se obtuvo información de que expuso que los diputados aprobaron la ley, pero que “la están estudiando”, y de resultar necesario pueden “poner o quitar” lo que los directores de planteles privados consideren conveniente.

Con el propósito de infundirles confianza, el representante del Poder Legislativo les adelantó que aquí no se van a confiscar colegios ni se van a pintar escuelas con los colores que, en su caso, impusiesen autoridades federales. 

Finalizado el encuentro vespertino, entre directivos de escuelas privadas hubo quien advirtió que Carreras culmina su encargo en un año y menos de cuatro meses, y que de ser relevado por cualquiera que sea postulado por Morena, entonces resultará imposible que la ley sea modificada.

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