Por Victoriano Martínez
Si para que a los diputados se les diera la orden de derogar la Ley Serrano se armó todo un ceremonioso protocolo con parafernalia y elenco incluidos, para cumplirla no fueron necesarios más que 234 palabras pronunciadas desde la Directiva del Congreso del Estado en sesión extraordinaria a puerta cerrada… eso sí, con transmisión en vivo.
La sentencia para la derogación de la Ley Serrano la firmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el 16 de julio en Palacio de Gobierno con una puesta en escena sin precedentes. La ejecución ocurrió este jueves 30 de julio con un muy breve guion de sketch que precisó de un salón de plenos vacío.
¿Qué intentaron evitar? ¿Aplausos o risas? ¿Actores espontáneos que se les salieran del guion? ¿Actores que, por ejemplo, se pronunciaran por una indemnización para las víctimas de la Ley Serrano? ¿O acaso que desde el público se le hiciera algún tipo de bullyng al diputado Héctor Serrano inaudito orgullo como autor de la reforma derogada?
En los casos de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo Reyes, sujetas a proceso penal por los delitos que con la derogación desaparecieron, lo menos que puede ocurrir es que queden libres de las obligaciones a las que las sometieron para dejarlas en libertad.
El caso es que bastó con que la diputada Sara Rocha Medina, como presidenta del Congreso del Estado, pronunciara 161 palabras en cinco intervenciones, el diputado Rubén Guajardo Barrera 54 en tres intervenciones como segundo secretario, y el diputado Luis Emilio Rosas Montiel 19 en dos intervenciones, la primera de las cuales por error.
Fueron 234 palabras montadas dentro de un periodo extraordinario citado exclusivamente para cumplir la orden que les giró Gallardo Cardona en un vergonzoso acto público que, a tan sólo 13 días, los diputados exhibieron el grado de sumisión al mandatario.
Pero, además, dejó ver su irresponsabilidad al dejar de cumplir el plazo constitucional que ellos mismos, como parte del Constituyente Permanente, fijaron para expedir las leyes secundarias en materias de derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Hoy los diputados amanecen orgullosamente sumisos y sin ninguna posibilidad de cumplir con su obligación constitucional de actualizar el marco normativo para garantizar dos derechos fundamentales que, como nunca, en este sexenio han sido menospreciados, especialmente el de acceso a la información.
Con su incumplimiento, y tras una modificación constitucional en la que usurparon la facultad del Constituyente Permanente que prolongó los cargos de los titulares de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), quienes lejos de trabajar por proteger los derechos que deben garantizar optaron por irse de vacaciones, los diputados le dan aún más vida artificial e irresponsable a ese organismo.
Al cumplirse hoy el plazo en el que los diputados debieron aprobar nuevas normas que garanticen la transparencia y la protección de datos personales, lo único que han mostrado es que le tienen más respeto y obediencia a Gallardo Cardona que a la Constitución y a garantizar derechos fundamentales de la población.
Tan escandalosa ha resultado la sumisión que, de trasfondo, aparece una situación muy grave: la atención se concentra en un vil episodio legislativo temporalmente superado y prácticamente no hay quien reclame que se concrete la forma en que se garantizarán los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
El poco interés que los diputados han puesto en el tema explica por qué en este sexenio ha prevalecido la opacidad en grados extremos, y al mismo tiempo deja ver la magnitud del riesgo de que esos dos derechos, especialmente el de acceso a la información pública, queden aún más limitados para poderse ejercer… ante una sociedad poco alerta y distraída.
