Por Victoriano Martínez
El acoso empresarial sobre los ejidos Corcovada, La Tapona, El Peyote y anexos, en la ruta hacia Matehuala, para apropiarse de su territorio no son casos aislados, pero sí una especie de corredor de la ambición sin escrúpulos por obtener ganancias desproporcionadas a costa de la dignidad de los ejidatarios y la preservación del medio ambiente.
En las últimas semanas se ha generado información en esos tres ejidos sobre la forma en que un proyecto carretero de cuota, una presunta explotación de un banco de materiales bajo sospecha de fachada de una explotación minera de oro, plata, mercurio, titanio y hasta litio, y un proyecto de parque eólico, invaden territorio, provocan daños ecológicos y pretenden apropiarse de tierras ejidales.
Todo un despliegue de estrategias que buscan como resultado apropiarse del territorio ejidal que representan un verdadero catálogo de las malas prácticas en las que suele incurrirse en las dependencias del sector agropecuario y ambiental, especialmente cuando algunos de sus funcionarios se confabulan con los intereses empresariales.
Se vio en los intentos por excluir del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito las mil 805 hectáreas para el proyecto Las Cañadas; también en el intento de compra de 30.26 hectáreas en el Ejido La Pila para un libramiento que también sería construido por el Grupo Valoran.
El acoso hoy a los ejidos del Altiplano potosino en torno a la carretera 57 muestra características de una mayor intensidad y hasta agresividad, por lo que resulta uno de los casos más representativos de lo que advirtió la Procuraduría Agraria Nacional en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como alerta para combatir la corrupción en ese sector.
“Especial atención a tres temas sensibles: el dominio pleno, los cambios de destino de tierras y el reconocimiento de avecindados, exhortando a aplicar la ley con absoluto rigor y frenar toda forma de acaparamiento de tierras ejidales y comunales”, específico Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.
El llamado de Suárez Carreras a generar alertas territoriales en torno al acaparamiento de parcelas y solares para cerrarle el paso a los procesos privatizadores no sólo parece un llamado directo a los ejidos Corcovada, La Tapona y El Peyote a presentar sus casos, sino que en los hechos ya ha sonado la alerta en las oficinas de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Una alerta que llega aún más arriba, no sólo por las maniobras irregulares para cambiar al destino de la tierra, sino por los riesgos ambientales que representan los proyectos que llegan incluso a realizar obras de desmonte y exploración sin ninguna autorización, así incurran en daños ecológicos en el territorio.
Un llamado desde la Procuraduría Agraria que tiene en cuenta la existencia de relaciones de complicidad entre los poderes fácticos y el poder político local. La intervención del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en el caso Corcovada y en la autopista de cuota a Matehuala es evidente.
En Corcovada los ejidatarios tienen documentada la intervención de funcionarios estatales, en tanto que en la autopista de cuota el propio Gallardo Cardona es el principal promotor de la concesión de carácter estatal.
Quizá por esa intervención de las máximas autoridades estatales las empresas involucradas se atreven a realizar acciones incluso abiertamente ilegales como provocar daños en territorio ajeno, pero algo más: resurge la amenaza directa a los ejidatarios que rechazan los proyectos.
La solicitud por parte de los ejidatarios de Corcovada a la Procuraduría Agraria de una opinión especialmente sobre la deficiencia en las formalidades con las que la empresa Cemat Construction presiona al comisariado para pretender apropiarse de las tierras del Ejido es prácticamente la formal activación de la alerta territorial para una mayor intervención de la Federación.
Seguramente por eso, desde la página de Facebook del grupo La Sierra de San Miguelito somos todos los ejidatarios pueden exponer la respuesta del titular de la Procuraduría Agraria: “Los vamos a apoyar”.
