Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado a la actual Legislatura es la forma irresponsable como resuelven obligaciones para las que las leyes les fijan plazos, y el caso emblemático lo representa la forma en que dieron salida a la revisión de los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las cuentas públicas 2017 y 2018. Ahora se encaminan a una acción similar con la reforma electoral.
Cuando el pasado 30 de octubre la ASE entregó los informes de auditoría de las cuentas públicas 2018, la postura de los diputados que participaron en aquella reunión fue unánime: en el periodo con que contaban para analizar la documentación era humanamente imposible cumplir con esa obligación.
Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política, incluso se declaró incompetente para realizar ese trabajo, aunque a la mera hora firmó los dictámenes elaborados con la técnica copiar-pegar, todos iguales salvo dos a los que se agregó la palabra no, para regresar los informes del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Poder Judicial.
Si para los dos casos en los que han dictaminado los informes de las cuentas públicas los diputados de la LXII Legislatura, en los hechos, se han declarado “chambones confesos”, a 93 días para que se les venza el plazo para actualizar la Ley Electoral ya se dio la primera voz que anuncia que en esta materia aplicarán la misma estrategia.
La diputada Paola Alejandra Arreola Nieto, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió que mientras el diputado Edson Quintanar Sánchez, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral, no presente un informe del resultado de la consulta realizada sobre la reforma electoral no se puede avanzar para sacar un dictamen.
El dictamen no sólo tendrá que tomar en consideración las propuestas y observaciones captadas en la consulta, sino que desde el 28 de febrero de 2019 comenzaron a acumularse iniciativas que pretenden reformas a la Ley Electoral, al grado que hasta la sesión de ayer ya se habían acumulado 66.
De febrero a octubre del año pasado se presentaron 22 iniciativas sobre la Ley Electoral, en tanto que de noviembre a febrero otras 44. Sólo en este mes se presentó la tercera parte de las propuestas. Las 66 iniciativas se reportan con el estatus de “pendiente”. Representan el 10.58 por ciento del rezago legislativo.
De las iniciativas, 62 fueron presentadas por los diputados (4 en grupo), una por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y tres más por Roger Errejón Alaniz, Luis Alejandro Padrón Moncada y Javier Antonio Castillo y Adán Maldonado Sánchez. El diputado Oscar Vera Fabregat presentó 22 iniciativas, la tercera parte del total.
Esa carga adicional para el análisis de la reforma electoral aportada por los diputados presenta una dificultad adicional para su desahogo: ninguna iniciativa se turnó a una sola comisión dictaminadora, lo que implica que se tendrán que dar acuerdos entre cinco comisiones para desahogarlas: la Especial, Puntos Constitucionales, Justicia, Asuntos Indígenas, y Derechos Humanos.
En ningún caso se menciona la Comisión Especial en primer término al definir los turnos; en 65 la primera comisión que se menciona es la de Puntos Constitucionales y en una la de Justicia. En tres se le da participación a la Comisión de Justicia, en dos a la de Asuntos Indígenas y en una a la de Derechos Humanos, Equidad y Género.
La advertencia de Arreola Nieto es un primer indicador de las dificultades para que dos comisiones dictaminen. Para el caso hay otras tres comisiones involucradas. El trabajo sobre 66 iniciativas se encuentra detenido por falta de informes de los resultados de los foros, pero para antes del 31 de mayo seguro quedará todo dictaminado… al ahí se va, que va siendo un sello de la LXII Legislatura.
