Astrolabio

Jaime Nava

Si alguien quisiera mantener en silencio las oficinas del DIF o de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), sólo tiene que preguntar por Alejandro Fernández Montiel.

En ambas oficinas la presencia de un reportero que pronuncie ese nombre o el abreviado “Alejandro N.”, como le llama la Fiscalía General del Estado (FGE) en sus comunicados, provoca un silencio del que nadie quiere salir mas que para indicar que las preguntas se formulan en otra oficina y ante una autoridad superior que tampoco da la cara y prefiere atrincherarse en su espacio de trabajo.

Temprano se acudió a la sede de la PDPAM para intentar obtener respuestas a varias preguntas que se derivan de la siguiente: ¿Y los colchones? De acuerdo con tres fuentes de alto nivel en el DIF, en una de las dos oficinas que utilizaba Alejandro N. fueron encontrados colchones. ¿Por qué y para qué se usaban? Nadie quiere responder. Este sería uno de los motivos por los que las fuentes afirman que la FGE mantuvo clausurada una de sus oficinas.

El policía que se encuentra en la entrada de la PDPAM todavía no terminaba de registrar a este reportero cuando salió una amable mujer que pidió de todas las formas posibles que acudiera a la sede del DIF, ya que, supuestamente, en ese lugar se encuentran todas las respuestas. Mintió, pero eso los dos lo sabíamos.

Caminando en línea recta sobre la misma acera se llega en pocos pasos al número 500 de la calle Nicolás Fernando Torre, edificio que alberga al DIF estatal, donde cualquier persona puede ingresar, excepto aquel que se identifique como reportero y pregunte por la presidenta, Lorena María Valle Rodríguez, o por la directora, Cecilia de los Ángeles González Gordoa.

“Están en junta” es lo primero que dice la recepcionista que le dijeron por el telefonillo. “Aquí la espero”, respondí, y ella notificó por la misma vía a alguna persona un piso más arriba. Minutos después, el teléfono sonó de nuevo y luego de colgar me informó que la directora, Cecilia de los Ángeles González Gordoa, seguía en junta, que “se va a tardar” y que su reunión ni siquiera está teniendo lugar en ese edificio. De la mentira fueron testigos hasta los monstruos que la acompañan esta temporada y le dan vida a una oficina muerta de miedo.

-Si la directora va a “volver”, aquí la espero, fue la respuesta que se dejó en recepción y que subió hasta la dirección. Mientras, y a sabiendas de que si iba en persona no sería recibido, se le llamó al subdirector de Gestión y Participación Social, Alejandro Gil Ojeda, amigo íntimo por muchos años de Alejandro N, de quien, de acuerdo con fuentes cercanas, se distanció hace tiempo. Su cercanía con el funcionario detenido y su calidad de funcionario lo convierten en una persona que merece ser entrevistada.

La llamada con Alejandro Gil Ojeda duró menos de 30 segundos. En cuanto se mencionó el nombre de quien hasta hace unos días ocupaba la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social, dejó de responder y terminó la llamada diciendo: “Todo comentario… este… ojalá lo pudieras platicar con relaciones públicas, por favor. Muchísimas gracias”.

Una vez más el silencio. El temor tiene convertido al DIF en una especie de prisión voluntaria; los empleados que en otras ocasiones entraban y salían con total libertad, hoy se acercaban con cuidado al escritorio de la recepcionista a preguntar si podían salir. Pidieron permiso hasta para ir al cajero que está dentro del DIF, pero al que sólo se puede acceder saliendo del edificio. Esta especie de toque de queda no impidió que algunos salieran agachando la cabeza y en silencio regresaran torta en mano.

Pedí me dejaran esperar a la directora sentado en uno de los sillones que están detrás de la puerta que impide el libre acceso de personas al edificio público. La recepcionista se acercó un vaso con agua y le dio un sorbo que apenas le mojó los labios, realizó una llamada más y me informó que están viendo quién me puede atender.

-¿Mientras me puedo sentar?, pregunté

– De eso no me dijeron nada, respondió

Ambos reímos. Un empleado movió la cabeza en sentido negativo y, aunque no dijo nada, dio a entender que reprobaba que se negara un asiento.

De pie, apoyado sobre la ventanilla de la recepción comencé a escribir este texto. Luego de un rato apareció una mujer que se presentó como Maricela Hernández, del área de comunicación social del DIF, con la novedad de que nadie me atendería. “Que hoy no, que otro día, juntas y auditorias”, palabras con las que una vez más se intentó alejar al reportero de las respuestas.

Le comenté que desde la semana pasada y antes de que detuvieran a Alejandro N. fui a preguntar sobre el funcionario y a pedir una cita que nunca se me concedió. Se fue de regreso sin comprometerse a nada más que volver para decirme si me recibirían en algún momento. Poco tiempo después bajó y me aseguró que el próximo miércoles podré entrevistar a la directora; es decir, un día después de que se celebre la audiencia donde se definirá la situación jurídica de Alejandro N. Quizás pensaron que ganaron tiempo, de lo único que hay certeza es de que habrá más dudas. 

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