Alejandro Rubio
Resulta paradójico y en gran parte gracioso que un político (hoy diputado) proponga establecer un nuevo “candado” consistente en una Certificación de Integridad y Confiabilidad, para evitar que se infiltren “estructuras delictivas” o “intereses” incompatibles en cargos públicos de elección popular.
Esta semana, el diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa que, en resumidas cuentas, pretende adicionar un requisito para cualquier aspirante a ser candidato a un cargo de elección popular en San Luis Potosí.
Este nuevo requerimiento de que sería de carácter obligatorio consiste en una “Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad” (un papel, pues), expedido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de San Luis Potosí (el Gobierno, pues).
En otras palabras… si el aspirante no lleva el visto bueno, digo, el papel expedido por el Gobierno del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está obligado a negarle la candidatura.
¿Así o más cantado el bloqueo a los opositores?
Desde la Deforma Judicial, hasta la Ley Esposa y una posible Reforma Electoral a modo, la gallardía y sus secuaces exhiben cada vez más la urgencia y necesidad de controlar cualquier posibilidad de perder el control del Estado.
El contexto nacional podría llegar a generar confusión sobre esta propuesta. Las acusaciones de Estados Unidos sobre vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico, han abierto el debate sobre cómo impedir que la delincuencia organizada llegue al poder, pero esta iniciativa no hace referencia expresa a evitar la intrusión de estos grupos.
Aunque se pudiera entender a la delincuencia organizada como una “estructura delictiva”, la iniciativa no lo especifica así. Tampoco ahonda en cuáles son esos “intereses” incompatibles con los cargos públicos o con el orden constitucional, y aunque se pudiera obviar, más vale tenerlo claro.
Si bien hay una Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí que define los lineamientos para un proceso de evaluación y control de confianza, siendo el Estado el juez, nada garantiza que este mecanismo no sea utilizado de forma arbitraria, más alarmante aún, conociendo las formas autoritarias en las que se conduce el gobierno estatal actual.
No es lo mismo evaluar policías que se encargan de la seguridad pública, que a un aspirante a ser candidato. Es prácticamente el gobernador dándole el visto bueno a su sucesor.
Este mecanismo deja en un segundo plano al organismo público electoral y coloca por encima a la administración estatal, ya que, sin este papel, todos los aspirantes serán descartados en automático por el Ceepac.
¿Cuál es ese mal que nos afecta a todos los mexicanos que tiene a las instituciones inútiles, únicamente al servicio de unos cuantos? La corrupción.
¿De qué es de lo que comúnmente se les acusa a gobernadores, alcaldes, diputados y servidores públicos en general? De corrupción.
¿Qué es lo que efectivamente necesitamos evitar en alguien que busca ocupar un cargo de elección popular? Que sea corrupto.
En toda la extensión de la iniciativa, Héctor Serrano Cortés únicamente menciona la palabra corrupción en una sola ocasión: para referirse al caso de Italia, en donde, según afirma, se introdujeron “estándares de integridad para acceso y permanencia en funciones públicas”.
Y aunque no menciona de qué “estándares” se tratan, asegura que “se estima comparable al caso concreto dado que busca proteger instituciones frente a infiltración criminal y corrupción”.
Fuera de eso, no hay otra parte del documento en donde se mencione la corrupción como algo a combatir con este nuevo candado, y aunque se pueda inferir, la exclusión del término vuelve dudoso el objetivo de esta iniciativa.
Un ejercicio sencillo quizá sería remontarnos al significado de las palabras “íntegro” y “confiable”.
Según la Real Academia Española, la primera se define como una persona “recta, proba, intachable”; y la segunda como una persona “en la que se puede confiar”.
Ahora tocaría recorrer uno por uno los pasillos del Palacio de Gobierno y el Pleno del Congreso del Estado para preguntarse: ¿Son estas unas personas rectas, probas e intachables en las que se puede confiar?
La respuesta mandaría de regreso a la Ciudad de México al promovente de esta iniciativa.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
