Otra vez las porras

Por Victoriano Martínez

A cuatro días de la trifulca en el estadio Alfonso Lastras, una confrontación similar (aunque con un saldo menos grave) se repitió en otro escenario: el salón del pleno del Congreso del Estado.

Sí, el lugar en el que diputados de la LXI Legislatura protagonizaron actos bochornosos, este jueves, los actuales diputados manifestaron enérgicamente el bochorno que les causó ver entre el público una confrontación entre la porra de Ricardo Gallardo Juárez y la de Xavier Nava Palacios.

Enviados o no por los personajes aludidos, ambos bandos tenían un motivo para estar ahí: el seguimiento a sendas solicitudes de juicio político contra el alcalde en funciones y contra el ex alcalde y su tesorero hoy diputado, Emanuel Ramos.

Grupos antagónicos que coinciden en apoyar la intervención de una misma instancia que, inevitablemente, habrán de encontrarse en ese lugar, a menos que se les pretenda coartar su derecho a la información (vía acceso a sesiones públicas) y a la libertad de expresión.

A diferencia del estadio Alfonso Lastras, donde se ofrece un espectáculo organizado por una empresa privada, el recinto Legislativo no puede ser vetado para el público, a menos que se decida limitar derechos.

En ese sentido, a las autoridades sólo les queda llamar a las partes a comportarse con respeto, sin violencia, y dentro de los límites que acaba de establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional el artículo 277 del Código Penal potosino por atentar en contra de los derechos a la seguridad jurídica, y las libertades de expresión, de conciencia, de manifestación.

Prejuzgar que fueron enviados por los personajes aludidos, como se afirma en el manifiesto de los 27 diputados, y –más aún– asegurar que los enviaron a tomar como arena o rehén el recinto Legislativo para dirimir sus diferencias, según declaraciones adicionales de varios de legisladores, deja ver un riesgo para los derechos involucrados.

Entre descalificar la confrontación entre las porras en el recinto Legislativo –al grado con conminarlos “a que no utilicen perversamente el escenario legislativo para dirimir sus conflictos”– y desestimar las solicitudes de juicio político presentadas por ambos grupos sin mayor análisis, sólo hay un pequeño paso.

Rechazar la violencia es sin duda lo políticamente correcto. Nadie estará en contra de su pronunciamiento.

Pero manifestarse contra la violencia que los hizo suspender momentáneamente la sesión con expresiones que prácticamente descalifican la presencia de esos dos grupos de ciudadanos en el recinto tiene más una intención de victimizarse y de sacar de foco su responsabilidad en los trámites iniciados en su ámbito y que poco han avanzado.

El tema no es que cambien de arena o instalen un ring frente a la Unidad Administrativa Municipal, porque eso sólo es avalar la violencia pidiendo que la lleven a otro lado. El tema es que la protección de los derechos ciudadanos, que también tienen ambos grupos, tampoco se vean lesionados.

En consecuencia, es a la autoridad a la que le corresponde generar las condiciones, mediante operativos y protocolos, que favorezcan el respeto entre los asistentes sin que se lesionen sus libertades de acceso a sesiones públicas, de expresión y de manifestación.

Es parte del servicio público que deben ofrecer. A menos que no se consideren servidores públicos y crean que sus sesiones son un espectáculo más… como los del estadio Alfonso Lastras.

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