Abelardo Medellín
Una sociedad que no conoce el tamaño y los alcances reales de los problemas que tiene, no será capaz, ni de planear para combatirlos, ni mucho menos de atenderlos. La consecuencia del negacionismo: el problema crece a la sombra de la incertidumbre y estalla al amparo de autoridades impotentes. El ejemplo: la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí.
Desde los primeros años de la administración estatal de Ricardo Gallardo Cardona se advertía que el problema de la Dirección de Pensiones sería una de esas crisis que el gobierno, no solo ignora, sino que activamente oculta y por la cual desvía la atención de la población por la sencilla razón de que no tiene la voluntad de resolver el problema.
Cuando el tema de pensiones surge en una entrevista con las autoridades las respuestas son las mismas: punitivismo bruto (inventando que hay casos que castigar), soluciones injustificables (cambiando al titular de la dirección), ingenuidad rampante (evidente desconocimiento del tema) y desdén (con un gobernador que hace menos el problema, no puede explicarlo, ni tiene interés por resolverlo). Todo lo anterior por una sencilla razón: solucionar el tema de pensiones requiere acciones que cuestan dinero y popularidad, y esos son recursos que el gobernador cuida con recelo.
Ante la falta de un plan de gobierno, ideología o principios, los malos gobernantes siempre van a requerir esas dos cosas, dinero y popularidad, para justificar sus puestos.
El problema alcanza niveles insostenibles cuando nos damos cuenta de una realidad que el gobierno ha intentado disimular: desde hace ya más de un año, la administración no ha informado públicamente a cuánto asciende la deuda con la Dirección de Pensiones.
Para escribir este texto, se revisaron las actas de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva de Pensiones, que la dependencia publicó durante 2024 y la primera mitad del 2025 a través de la Plataforma Estatal de Transparencia, específicamente en la fracción XIII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
Lo que se pudo corroborar, es que, desde junio de 2024, hace más de un año, las actas de sesión de la junta directiva ya no contienen el apartado correspondiente al informe sobre el estado actual de la deuda que el gobierno del estado tiene con la dirección.
La última vez que un acta de la sesión incluyó el tabulador que describe “El comportamiento del adeudo del Gobierno del Estado a la Dirección de Pensiones” fue en la correspondiente a la sesión del 30 de mayo de 2024 que fue publicada en la Plataforma de Transparencia el 6 de junio del año pasado.
En esa ocasión se informó que el adeudo total ascendía a 4 mil 843 millones 594 mil 115.92 pesos, de los cuales 3 mil 646 millones 866 mil 274.2, corresponden a la actual administración. Es decir, que el gobierno de Gallardo Cardona, durante la primera mitad de su sexenio, aportó el 75.2 por ciento de la deuda.
La dirección, luego de publicar ese último reporte, comenzó una estrategia para ocultar el adeudo que no deja duda de haber sido una omisión alevosa.
En el acta del 25 de junio de 2024, se evidencia que en la orden del día se tenía planeado, como en el resto de las sesiones anteriores a esa, revisar el estado de la deuda de gobierno, sin embargo, por petición del ex secretario de Finanzas, Omar Valadez Macías, el tema no se analizó, porque se debía concluir con la “revisión de los informes y la conciliación de cifras”. Una excusa bastante perezosa que dio paso a un año de omisiones.
Se han publicado 15 actas de diversas sesiones, entre ordinarias y extraordinarias, desde junio de 2024, pero ninguna que sea pública o pueda revisarse contiene la información de la deuda.
La opacidad es la enfermedad crónica que la Gallardía trajo al Gobierno del Estado, sin considerar que uno de los síntomas más graves del vacío de información, además de promover la sospecha, es que da espacio a las conjeturas.
¿A cuánto asciende la deuda de Gobierno del Estado con las Pensiones al día de hoy?, si no tenemos un acta que muestre públicamente el tamaño de ese problema, quizá podamos hacer una aproximación.
De acuerdo con el historial de información que es posible rastrear a partir de las actas, entre septiembre del 2022 y junio del 2024, la deuda de pensiones pasó de 2.6 mil millones a 4.8 mil millones, lo cual significó un aumento de 2 mil 169 millones 153 mil 852.07 pesos en un periodo de poco más de un año y medio; dicha cantidad la podemos dividir entre los 20 meses transcurridos y arroja un aumento mensual promedio de 108 millones 457 mil 692.6 pesos.
Si tomamos ese aumento como punto de referencia y partimos del supuesto de que la deuda del gobierno creció al mismo ritmo los últimos 13 meses, eso quiere decir, que la deuda con la Dirección actualmente sería de 6 mil 253 millones 544 mil 119.72 pesos.
6 mil millones de pesos. Cinco veces la deuda que Gallardos recibió en 2021. Con ello, el 80.9 por ciento de la deuda corresponde a la administración de Gallardo Cardona. Cuatro de cada cinco pesos del pasivo, corresponden a la administración actual.
El Gobierno, bajo este entendido, habría superado el límite de los cinco mil millones en deuda con pensiones en agosto del año pasado (tiempos de Fenapo) y habría alcanzado los 6 mil millones entre febrero y marzo de este año, justo después del “enero negro” que tuvo el gobernador. Queda claro entonces por qué la insistencia de ocultar una gestión tan desastrosa del recurso.
6 mil millones de pesos de deuda con pensiones, significa que el gobierno está por alcanzar un pasivo que ya casi representa el 10 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado para 2025. Uno de cada 10 pesos que el gobierno gasta, se los debe a pensiones.
El dilema está sobre la mesa y ni el gobierno, ni la dirección, se han mostrado interesados en aclarar el adeudo o si quiera justificar la operación opaca que ha significado el ocultar esta información a la población.
La apuesta del gobierno, claro está, es patear el bote tanto cómo pueda, estirar la liga y rogar que truene después del 27′. Una reforma a la ley de Pensiones, la única solución viable, debe estar en la lista de políticas vetadas de una Gallardía obsesionada con su popularidad y obligada a sangrar al erario para financiar caprichos; por otro lado, pareciera que la estrategia predilecta sigue vigente, y esta es: negar incluso aquellos problemas que, por ley, deberían dar a conocer.
El gobierno le teme más a lo que dirán de sus errores, que a las consecuencias de no resolverlos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
