Jaime Nava
Desde que el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona se cambió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las calles de Soledad de Graciano Sánchez, al igual que muchos de sus funcionarios, comenzaron a pintarse de verde, sin embargo el Ayuntamiento encabezado por Gilberto Hernández Villafuerte mantiene ocultos los montos y nombres de los proveedores de pintura verde.
Aunque deberían estar publicados a través de la Plataforma Estatal de Transparencia por ser una obligación legal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez lleva años simulando reportar sus egresos de cada mes adjuntando archivos en los que únicamente aparecen pagos a una parte de los trabajadores de ese municipio.
Cuando se les pide, vía una solicitud de información, que informen cuántos litros de pintura verde han adquirido desde mayo del 2019 a la fecha y las facturas pagadas a cualquier persona física y moral por ese concepto, recurren a cualquier argumento para evitar entregar los documentos y simular que atienden correctamente la solicitud de información.
En la respuesta a la solicitud número 01037320, la administración soledense evitó proporcionar las copias de todas las facturas pagadas a proveedores de pintura verde asegurando que sólo cuentan con dicha información de manera impresa y que los documentos están distribuidos en 370 cajas en la Oficialía Mayor y Tesorería, las cuales pusieron a disposición del solicitante para su consulta directa.
Las cajas, afirmó el tesorero soledense, “se encuentran desagregadas en diferentes departamentos de la Dirección, por lo que la digitalización y el tratamiento necesario en materia de datos personales para la entrega de la información sobre pasa las capacidades técnicas y humanas de esta Dirección a mi cargo”.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez utiliza esa excusa para no entregar información; no obstante, se valen de ella para evitar y alargar el acceso a los datos ya que, en múltiples ocasiones, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) los ha obligado a proporcionar los documentos, luego de largos procedimientos de queja que llegan a tardar en resolverse hasta más de un año.
Además, desde la respuesta, la administración soledense advirtió que continuará violando el derecho de acceso a la información debido a que los documentos que simuló poner a disposición no son las facturas porque, según el tesorero, la dirección a su cargo “no archiva los documentos solicitados por proveedor” por lo que únicamente ofreció papeles que contienen “egresos de forma general”.
Una violación legal más pues la fracción IV del artículo 84 de la ley de la materia establece que cada mes se debe publicar de manera electrónica “la información de los movimientos de ingresos y egresos, que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza […]”, por lo que resulta inverosímil que sólo tengan información de egresos “de forma general”.
