Fernanda Durán
A menos de tres semanas del inicio del proceso electoral 2026-2027 en San Luis Potosí, la exmagistrada Dennise Adriana Porras Guerrero cuestionó los cambios administrativos realizados en el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) tras su salida de la presidencia y, posteriormente, de la magistratura, al asegurar que se han eliminado diversas áreas fundamentales para su funcionamiento.
Luego de concluir los siete años para los que fue designada por el Senado de la República en 2019, Porras Guerrero expresó su preocupación por lo que calificó como un desmantelamiento de la estructura institucional.
“No hay ya órgano de control interno, no hay dirección de recursos materiales, ya no hay dirección de recursos humanos, ya no hay unidad de transparencia, ya no hay dirección de recursos financieros”, afirmó al describir la situación que, según su testimonio, prevalece actualmente en el organismo.
La exmagistrada reconoció que los cambios en la conducción de una institución pueden acompañarse de ajustes administrativos y reorganizaciones de personal; sin embargo, consideró que las modificaciones emprendidas por la nueva presidencia, encabezada por María Carolina López Rodríguez, deben garantizar tanto la continuidad de las funciones jurisdiccionales como los derechos laborales de quienes trabajan en el Tribunal.
“Yo creo que la reingeniería, en todo caso los ajustes, hasta cierta parte legítimos y naturales cuando un mando o quien lidera cambia, hasta cierto punto son entendibles, pero no en los términos en los que se está dando”, sostuvo.
Sus declaraciones ocurren después del relevo en la presidencia del TEESLP, cargo que López Rodríguez asumió en septiembre, y de la conclusión del nombramiento de Porras Guerrero, quien presidió el organismo durante los periodos 2021-2023 y desde 2025 hasta el cambio de titularidad en 2026.
Durante su gestión, el Tribunal enfrentó controversias laborales y dificultades presupuestales, entre ellas dos laudos que permanecen en etapa de ejecución. Uno de estos corresponde a la extrabajadora Karla Leticia Sánchez Pedroza, cuyo procedimiento para obtener el cumplimiento de una sentencia laboral derivó en embargos y diversas actuaciones judiciales ante la falta de pago.
En declaraciones anteriores, cuando todavía encabezaba el organismo, Porras Guerrero había sostenido que el presupuesto ordinario no podía destinarse al cumplimiento de estas obligaciones, al considerarlas gastos extraordinarios. Incluso planteó que el pago de una sentencia laboral representaba un interés individual frente a la función colectiva de impartir justicia.
Ahora, tras concluir su magistratura, la exfuncionaria advirtió que los movimientos de personal podrían derivar en nuevos procedimientos laborales y aumentar las presiones financieras que ya enfrenta la institución.
“Ahorita los dos laudos que están en ejecución, que suman juntos más de 3 millones de pesos, todavía no se puede ni siquiera dar salida a eso, como para ahora también estar enfrentando nuevos conflictos laborales”.
En ese sentido, sostuvo que cualquier reestructuración debe considerar los derechos de los trabajadores, incluidos los pagos que pudieran corresponderles por la terminación de sus relaciones laborales, para evitar que las decisiones administrativas generen nuevas obligaciones económicas.
“Lo peligroso y lo delicado que es desmantelar una institución a días de que inicie el proceso electoral”, señaló, al considerar que en esta etapa, durante la cual el Tribunal tendrá la responsabilidad de resolver las controversias jurisdiccionales derivadas de los comicios, debería priorizarse el fortalecimiento de las capacidades del organismo.
Sobre su propia salida, aseguró que concluye satisfecha con el trabajo realizado durante sus siete años como magistrada, aunque reconoció que su gestión estuvo marcada por momentos de tensión derivados de la naturaleza de los asuntos electorales.
“Me parece que se dieron buenos resultados, que se sacó la responsabilidad con absoluto apego a la legalidad, siempre con una justicia cercana, con perspectiva de género”.
La exfuncionaria indicó que actualmente se encuentra realizando el procedimiento de entrega-recepción correspondiente tanto a su salida de la presidencia como a la conclusión definitiva de su magistratura.
Finalmente, insistió en que el personal constituye la base del funcionamiento del Tribunal y que los cambios de dirección no deberían comprometer la experiencia acumulada ni la continuidad de sus actividades.
