Estela Ambriz Delgado
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), consideró es preocupante la postura institucional mostrada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, ante las acciones administrativas que Pemex ha iniciado en diversos municipios de la Huasteca Potosina, encaminadas a realizar proyectos extractivos mediante fracking, pues es ambivalente y contradictoria.
En relación a las recientes declaraciones del funcionario, desde el OIM se señaló que resulta preocupante su postura institucional ambivalente, ya que bajo una retórica de defensa ambiental oculta una pasividad jurídica que desprotege a los pueblos originarios.
En este sentido, el activista apuntó hacia diversos argumentos legales y fácticos que evidencian las contradicciones de las autoridades. Mientras el Gobierno del Estado argumenta que “no hay confirmación oficial” para fijar una postura definitiva, el marco constitucional mexicano obliga a lo contrario, pues de acuerdo con los artículos 1 y 4 constitucionales, relativos al derecho a un medio ambiente sano, el Estado tiene el deber de aplicar el Principio Precautorio.
Explicó que esto significa que ante la sola existencia del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 que contempla la región, las autoridades deben desplegar medidas de protección inmediatas, sin necesidad de esperar a que la amenaza ambiental se consuma o sea ratificada por la empresa.
Cisneros Sánchez consideró que el secretario minimizó la actividad de la paraestatal, al decir que únicamente se tiene conocimiento de que Pemex busca realizar algunas gestiones con habitantes. Por ello puntualizó que organizaciones de la sociedad civil han denunciado que estas “gestiones” directas y aisladas con individuos constituyen una estrategia de división comunitaria que violenta los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 constitucional.
De igual forma, subrayó que dichos tratados mandatan de forma estricta que cualquier medida susceptible de afectar a los pueblos indígenas debe consultarse de manera previa, libre e informada a través de sus instituciones representativas y asambleas legítimas, y no mediante acuerdos bilaterales informales.
En este sentido, dijo que es importante destacar que cualquier intento de realizar una consulta indígena, dados los hechos, ya es extemporáneo, por lo que las comunidades, a través de sus asambleas, han manifestado su No Consentimiento.
“Existe una contradicción de fondo entre la promesa de ser un ‘férreo defensor’ de la flora y fauna, y la falta de mecanismos jurídicos estatales frente a la Federación. Dado que la regulación de hidrocarburos es de competencia federal, los pronunciamientos simbólicos y los vetos municipales resultan insuficientes. La opinión pública debe notar que el gobierno estatal mantiene una postura de ‘espera’ y sumisión administrativa ante las decisiones centrales de Pemex, en lugar de activar controversias o mecanismos constitucionales de defensa del territorio hídrico y pluricultural”.
Asimismo, el integrante del OIM destacó que la postura gubernamental suele evadir el núcleo técnico denunciado por las contralorías sociales del agua: la fracturación hidráulica requiere de millones de litros de agua mezclada con químicos altamente tóxicos en una región que ya padece de estrés hídrico crónico.
Manifestó que el no emitir decretos de salvaguarda o vedas hídricas locales específicos demuestra que la “defensa” del Ejecutivo estatal no ha trascendido el plano de las declaraciones de prensa.
“Las redes ciudadanas e indígenas en defensa del territorio hacen un llamado enérgico al Gobierno del Estado a abandonar la tibieza burocrática. Exigen que se asuma el mandato de los artículos 1 y 2 constitucionales para frenar activamente la intromisión de Pemex, evitando que el costo legal y humano de la resistencia recaiga, una vez más, exclusivamente sobre los hombros y el territorio de las comunidades tének y náhuatl de la Huasteca”, concluyó.
