Por Victoriano Martínez
Cuando la politiquería electorera contamina los asuntos públicos, lo que menos suele importar a los directamente involucrados es el interés general porque anteponen sus intereses de la siguiente elección y se olvidan de su compromiso con la próxima generación.
Los proyectos de programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PMDUCP) no son el primer asunto del trienio en curso que queda en medio de una reyerta, no sólo entre partidos, sino intrapartidista entre integrantes del Cabildo con repercusiones electoreras.
De un lado, un grupo de regidores que acusan maniobras para obstruir la aprobación de los planes de desarrollo urbano, no por atender intereses de la población, sino por intereses políticos.
En el otro bando, regidores que acusan a sus contrarios de privilegiar intereses económicos para acelerar la aprobación de los planes, al grado de señalar que prefieren “atender encargos de interés económico que desempeñar su verdadera labor”.
Los primeros abanderan la urgencia de la aprobación de los programas, respaldados con campañas en medios que abren la voz a grupos empresariales que resultarían beneficiados y acallan las voces de colonos de diversos sectores de la ciudad que resultarían afectados y de activistas ambientales que advierten sobre los riesgos ecológicos para la ciudad.
Los segundos se allanan a la innegable necesidad de un análisis más detallado sobre los documentos presentados para aprobación de las comisiones del Cabildo pero que, igual que su contraparte, no dan un paso adelante para difundir ambos proyectos de planes ni colocan en la agenda pública puntos concretos de su contenido para advertir a la población sobre posibles perjuicios.
Enfrascados en un debate sobre las formas que exhibe intentos de descalificación mutua, ambos bandos instrumentalizan los programas para inclinar la balanza en la contienda interna del PAN por la candidatura a gobernador: a los primeros se les indentifica con Xavier Nava Palacios, a los otros con Octavio Pedroza Gaitán, como parte del grupo del diputado federal Xavier Azuara Zúñiga.
Ambos bandos están obligados a publicar las razones de sus posturas: los primeros con amplias explicaciones sobre porqué resultaría benéfica la aprobación; los otros, con una amplia descripción de los puntos que generan dudas en los documentos. En tanto no lo hagan, ambos bandos le dan la espalda a la población y confirman las motivaciones económicas y políticas de las que se acusan.
En torno a las 10:30 de la noche de este 24 de diciembre, Azuara Zúñiga publicó en su cuenta de Facebook un comunicado en el que, en un primer párrafo, se deslinda de la confrontación, para enseguida señalar tres puntos de los programas “que considero importante analizar con mucha responsabilidad”.
“1. Propone la urbanización de sectores que representan áreas naturales y de recreación para los potosinos.
“2. Promueve un crecimiento desigual entre la Zona Poniente y Oriente de la ciudad respecto al equipamiento urbano.
“3. No garantiza el acceso a espacios verdes de forma equitativa, pues se pierde la oportunidad de dotar de parques como el Tangamanga para la ciudadanía de Pozos y la Pila, parques que contribuirían a promover una vida saludable”.
Azuara Zúñiga alude a su atribución fiscalizadora para pronunciarse por que se informe verazmente a la ciudadanía y haya mayor transparencia en el tema.
El deslinde inicial del comunicado del diputado federal alcanza para pintar una raya insuficiente contra los señalamientos de intereses políticos del grupo que identifican con él, en tanto que los puntos a analizar y su pronunciamiento por mayor transparencia son un paso hacía lo que debe estar en el debate público, pero insuficiente.
Ni el grupo que apoya a Nava Palacios señala con precisión los intereses políticos de sus contrincantes que los hacen frenar “injustificadamente” la aprobación de los programas, ni los del grupo identificado con Azuara Zúñiga especifican la forma en que se materializan los intereses económicos de los que a ellos mismos les podrían haber llegado ya ofertas.
Ambos bandos tienen acceso a los documentos de los programas, pero ninguno se ha preocupado por un comprobado esfuerzo de difusión a la mayor cantidad de población posible, base necesaria para una auténtica transparencia. Si es posible conocer los documentos es por un esfuerzo ciudadano, por vía de una filtración, y no por ellos que cuentan con recursos públicos.
Tan opacos unos como los otros. Después de ese pequeño paso dado por Azuara Zúñiga, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar a un debate público, revelar lo que hasta ahora ambos bandos han ocultado a la población, y transparentar auténticamente el proceso? Es lo menos que le deben a la ciudadanía.
