Por Victoriano Martínez

Cuando un personaje antepone su interés por alcanzar un cargo a como dé lugar, hay derechos fundamentales que corren riesgos al grado de atentar contra la calidad de la democracia, autoridades que pervierten sus funciones, y cómplices que, aunque evitan reconocer su responsabilidad, las autoridades jurisdiccionales cada vez ponen más atención sobre su papel.

Ricardo Gallado Cardona, precandidato único a la candidatura por el PVEM, no es el único que incurre en esas prácticas, pero sí es quien exhibe con mayor claridad lo que no debe hacerse en el ejercicio de la política… al grado de exponer la salud de la población.

Aparte de atentar contra derechos políticos de la población, como acreditó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SETEPJF) al ordenar sancionarlo por incurrir en promoción personalizada indebida, Gallardo Cardona atenta además contra el derecho a la salud, al haber iniciado una de las precampañas de mayor riesgo de contagio de Covid-19.

Las razones que argumentó el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para negar la autorización de una reunión informativa en su plaza principal diputado federal Ricardo Delsol debieran aplicarse con igual rigor a Gallardo Cardona, pero medir con dos varas desde el dominio del gallardismo exhibe que la promoción de su líder está por encima de la salud de los soledenses.

Queda claro: para Gallardo Cardona vale más su propaganda proselitista que la protección del derecho a la salud de aquellos a quienes pretende representar.

Durante el debate sobre la sanción a Gallardo Cardona por parte de la SETEPJF, los magistrados hicieron hincapié en que, al sancionarlo, se atendió a la necesidad de garantizar derechos fundamentales como el de acceso a la información, el de asociación política, el de libertad de expresión y, entre otros, el derecho a votar libremente.

Se afectó a la sociedad “un colectivo en general, que debe saber, debe conocer y debemos generar una conciencia colectiva de que este tipo de conductas son conductas distorsionadoras de nuestro sistema electoral, que atentan directamente contra la integridad electoral, como meta principio rector de la calidad de las elecciones y consecuentemente de la calidad de nuestra democracia”, dijo el magistrado Luis Espíndola Morales.

Destaca que la responsabilidad no sólo se señaló sobre Gallardo Cardona como promotor y beneficiario de la violación los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, sino también a los medios de comunicación que aceptaron ser contratados para difundir los spots indebidos.

“Multimedios Radio, Comunicación 2000 y la concesionaria Nicola, también incurrieron en la violación al 134 de la Constitución, porque son el conducto y ya la Sala Superior nos ha indicado que los mecanismos o los conductos o los caminos para materializar este tipo de violaciones, también incurren en responsabilidad”, explicó la magistrada Gabriela Villafuerte Coello.

En consecuencia, se le ordenó a esos medios publicar un extracto de la sentencia en su sitio de internet oficial, así como en sus redes sociales Facebook y Twitter, como una forma de revertir el efecto de esas malas prácticas que vulneran el derecho de acceso a la información y al voto, para garantizar la integridad electoral.

Una postura que establece claramente que la libertad de expresión no es absoluta, y uno de sus límites está en reconocer a los propios medios como prestadores de un servicio que debe garantizar el derecho a la información y, en consecuencia, los obliga a una mayor transparencia: identificar los anuncios como tales y a su patrocinador. Facebook ya lo hace, por ejemplo.

No se trata de las primeras sanciones contra medios de comunicación, ni del primer caso en el que se les reconoce como instrumento para violar el 134 constitucional, pero tampoco serán las últimas. Más bien es una alerta que les recuerda que también están obligados a respetar la disposición constitucional y que ya son objeto de fiscalización por parte de autoridades jurisdiccionales.

Si bien las ansias de politiqueros que medran del erario pensando en la siguiente elección ha degenerado la política en politiquería, que se abra la posibilidad de que sus malas prácticas sean sancionadas deja ver una de las vías para rescatar la calidad de las elecciones y, en consecuencia, de la democracia.

Otra vía pasa necesariamente por que la ciudadanía esté en condiciones de reconocer la forma en que esas prácticas pervierten el ejercicio de la política para repudiarlas en todo momento, no sólo al depositar el voto en la urna el día de las elecciones.