Fernanda Durán
Manuel Nava Calvillo, integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción, promovió un juicio de amparo para la suspensión del plebiscito para consultar a los habitantes del municipio de San Luis Potosí sobre la municipalización de la Delegación de Villa de Pozos.
Esto bajo el argumento de la falta de presupuesto que el propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) consideró mínimo indispensable para su realización.
En un oficio entregado la mañana de este lunes 11 de agosto ante el Juzgado Noveno de Distrito, Nava Calvillo pidió la suspensión por no contar con el presupuesto de 55 millones 844 mil 3.23 pesos que el Ceepac estimó necesarios para la participación de los más de 600 mil electores registrados en el municipio de San Luis Potosí, y en cambio tendrá que realizarlo con 20 millones de pesos ordenados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pese a que se consideró un ajuste mínimo de 23 millones 901 mil 624.31 pesos.
El inconforme consideró que el plebiscito también requería la opinión de los municipios colindantes como Cerro de San Pedro, Zaragoza y Soledad de Graciano Sánchez, sin embargo, el Ceepac pretendía instalar únicamente en el municipio de la capital aproximadamente 300 mesas de opinión, “olvidándose de la opinión de los ciudadanos de los otros 3 municipios implicados”.
Señaló que el interés jurídico de los ciudadanos radica en afectaciones económicas a través de los ingresos catastrales y espacios territoriales.
Manuel Nava acusó al organismo público local electoral, hasta ahora, de no capacitar al personal que estaría al frente de las mesas de opinión, además del incumplimiento al requisito para determinar que las más de 31 mil 895 credenciales de elector, firmas y nombres, representaran debidamente cuanto menos el 25 por ciento.
“Debieron haber hecho su trabajo de campo, como lo establecieron en su junta extraordinaria de fecha 4 de julio y verificar que efectivamente sean de la circunscripción territorial, verificando con las listas nominales todas y cada una de las credenciales y firmas coincidentes con la petición planteada”.
Nava Calvillo denunció actos violatorios y afectaciones a la ciudadanía, incluso arremetió contra el Ceepac al poner en duda su autonomía, debido a las condiciones en las que aceptó realizar el plebiscito, lo que compromete el principio de certeza al que está obligado en su actuar.
Además de que las inconsistencias señaladas en el proceso de organización de la consulta, que “ponen en duda la independencia de actuación de ese organismo autónomo y la sumisión de los consejeros electorales a las determinaciones unilaterales del gobernador Ricardo Gallardo Cardona”, las cuales se han manifestado por el mismo mandatario y el Congreso del Estado públicamente a medios como anticipar el presupuesto que se otorgaría para realizar el plebiscito, la compulsa de credenciales de elector y “al extremo de adelantarse a señalar la fecha en que se instalarán las mesas receptoras de opinión”, es decir, este 24 de septiembre.
