Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió este viernes una iniciativa para armonizar la Constitución local con la reciente reforma federal en materia de nacionalidad única, pero la propuesta local plantea además extender este requisito a quienes aspiren a ocupar una presidencia municipal.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, de Morena, y propone reformar el artículo 73 y adicionar disposiciones al artículo 117 de la Constitución Política del Estado. El objetivo es establecer que tanto quien aspire a la gubernatura como quien busque encabezar alguno de los ayuntamientos de San Luis Potosí deberá contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.
El proyecto surge como parte de la armonización con la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, aprobada previamente por el Congreso de la Unión, que estableció el requisito de nacionalidad única para las personas titulares de los poderes ejecutivos federal y estatales.
De acuerdo con la iniciativa, la reforma federal obliga a las legislaturas estatales a adecuar sus constituciones y legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. San Luis Potosí había aprobado la minuta federal el pasado 30 de septiembre.
El proyecto incorpora expresamente a las presidencias municipales bajo el argumento de que el municipio es el primer nivel de gobierno y la autoridad más cercana a la ciudadanía.
En su exposición de motivos, la iniciativa sostiene que quien ocupa una gubernatura o una presidencia municipal concentra responsabilidades relacionadas con la dirección política, la fuerza pública, la protección civil, la hacienda pública y la toma de decisiones estratégicas.
Por ello, se propone que quienes aspiren a cualquiera de las 59 presidencias municipales tampoco puedan mantener una segunda nacionalidad.
Para el caso de la gubernatura, el artículo 73 establecería que la persona candidata deberá ser mexicana por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con una segunda, renunciar a ella antes de solicitar su registro ante la autoridad electoral.
La restricción no terminaría con el registro de la candidatura. Quien ejerza como gobernador o gobernadora tampoco podría adquirir o solicitar otra nacionalidad durante su mandato, invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana, utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos asociados a otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
Una disposición prácticamente equivalente se propone para las presidencias municipales.
La nueva fracción V del artículo 117 establecería que, además de los requisitos que actualmente contempla la Constitución estatal, las personas candidatas a una alcaldía deberán “no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata”.
Durante el ejercicio del cargo tampoco podrían solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos en otro país o solicitar protección diplomática de otra nación.
La propia iniciativa establece que estas nuevas condiciones no serían aplicables al proceso electoral de 2027.
El artículo primero transitorio plantea que las disposiciones comiencen a aplicarse a partir del proceso electoral correspondiente a 2030, mientras que quienes ya se encuentren ejerciendo la gubernatura o una presidencia municipal al momento de entrar en vigor la reforma quedarían excluidos de sus efectos.
Además, en caso de aprobarse la reforma constitucional, el Congreso del Estado tendría 180 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Electoral y demás legislación aplicable.
La propuesta deberá ahora seguir el procedimiento legislativo correspondiente pasando a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, misma que es presidida por Arreola Mallol.
